La Fiscalía General de la Nación judicializó a Nélson Rodríguez Anaya por su presunta responsabilidad en el asesinato de una niña de 12 años, en hechos ocurridos el pasado 9 de agosto en la vereda El Bambú, municipio de Rionegro (Santander). La menor se encontraba pescando junto a su padre y un acompañante, en lo que debía ser una noche tranquila de esparcimiento familiar, pero terminó convertida en una escena de horror.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según los elementos materiales probatorios, la familia se encontraba pescando a orillas del río cuando, al pasar por una arenera administrada por Rodríguez Anaya, este les exigió abandonar el lugar. Ante la negativa, los hombres continuaron su camino y retomaron la actividad. Minutos después, se escuchó un disparo. Al encender sus linternas, un segundo impacto hirió a la menor en el cuello.

El padre y su acompañante identificaron al presunto agresor, quien al parecer sostenía una escopeta. La niña fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Rodríguez Anaya fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional, que halló el arma oculta en la arenera.

Este crimen no solo enluta a una familia, sino que pone en evidencia una realidad dolorosa: en Colombia, incluso los momentos más simples y humanos —como pescar con papá— pueden convertirse en tragedia por cuenta de la violencia. Que una niña pierda la vida por una bala asesina mientras compartía con su padre es una herida que no puede normalizarse. Es urgente que la justicia actúe con contundencia, pero también que como sociedad protejamos el derecho de nuestros niños a vivir, jugar y soñar sin miedo.