Bucaramanga, diciembre de 2025. La Gobernación de Santander anunció que no reactivará, por ahora, el cobro del peaje La Punta en la vía a la Mesa de Los Santos, mientras el Tribunal Administrativo del departamento resuelve una medida cautelar que cuestiona la legalidad del recaudo directo por parte del ente territorial.
La decisión se tomó tras un encuentro entre el gobernador Juvenal Díaz Mateus y representantes de la comunidad, quienes desde el 18 de octubre mantienen levantadas las talanqueras en señal de protesta. El mandatario aseguró que respetará el fallo judicial que se emita en el marco de la demanda de nulidad contra la Ordenanza 049 de 2024, norma que dio vía libre a la figura de “tasa-peaje” y a la operación directa del punto de recaudo por parte del departamento.
“Nos acogemos a lo que decidan los magistrados. Si la medida cautelar se mantiene, el peaje no tendría sustento legal. Si se levanta, podríamos reactivarlo de inmediato”, declaró Díaz, quien reconoció que la suspensión ha generado pérdidas económicas, pero reiteró su compromiso con el diálogo comunitario.
La controversia escaló luego de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un concepto en el que advierte que ni las gobernaciones ni las asambleas departamentales tienen competencia para crear o explotar peajes sin mediar una concesión vial. El Ministerio Público considera que la ordenanza podría haber excedido las facultades legales de la Asamblea, al establecer un tributo sin respaldo del Congreso, lo que configuraría un posible vicio de nulidad.
La demanda fue interpuesta por la Veeduría Ciudadana Unimesan, que también cuestiona la falta de obras en el tramo La Punta–Curos, pese a que en dos décadas se han recaudado más de 226 mil millones de pesos. La comunidad denuncia que el contrato de concesión venció el 2 de enero de 2025 y que, pese a ello, la Gobernación continuó con el cobro, lo que consideran una “usurpación de funciones”.
Aunque el gobernador ha defendido la continuidad del peaje como fuente de financiación para obras en Los Santos y Piedecuesta, en su más reciente encuentro con líderes como Alirio Moreno, Leonardo Silva y Ramiro Rueda, aceptó esperar el pronunciamiento del Tribunal.
La decisión judicial que se avecina podría sentar un precedente clave sobre los límites de las competencias tributarias de las asambleas departamentales y el alcance legal de los peajes administrados directamente por las gobernaciones.
