La Gobernación de Santander informó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) no contempla la recuperación del tramo original de la Transversal del Carare, afectado por una remoción en masa en la vereda Zarandas del municipio de Vélez. El fenómeno geológico, que lleva más de dos semanas activo, ha comprometido cerca de 600 hectáreas.
Jéssica Juliana Mendoza, secretaria de Infraestructura departamental, explicó que Invías solicitó al Gobierno Nacional recursos para habilitar rutas alternas, descartando la rehabilitación del trazado colapsado. “La entidad no tiene previsto recuperar el corredor que sufrió el desplazamiento. Por eso están gestionando recursos para avanzar en una nueva ruta, definir las alternativas viables y mejorar las condiciones de las vías terciarias que hoy solo soportan tránsito pesado”, señaló.
En las próximas horas, Invías pedirá la declaratoria de urgencia manifiesta para agilizar la asignación directa de recursos, con el fin de consolidar una vía alterna que podría convertirse en permanente.
Según Mendoza, el trayecto Bolívar–Barro Blanco es el más opcionado para asumir esta función, dado su uso frecuente por vehículos de carga.
“Esperamos que hoy se nos notifique oficialmente cuáles serán las alternativas, los tiempos de inversión y las medidas de emergencia que deben declarar tanto los municipios como el departamento. Desde la Gobernación también avanzamos en la declaratoria de calamidad, para que el Gobierno Nacional pueda tomar decisiones claras en su mesa de crisis y brindar alivio a corto y mediano plazo a las comunidades afectadas”, concluyó la funcionaria.
El cierre prolongado de la Transversal del Carare no solo representa una afectación vial, sino una herida profunda en la economía regional. Los municipios de la Provincia de Vélez, reconocidos por la producción artesanal del bocadillo veleño, ven comprometido el sustento de miles de familias que dependen de su comercialización, especialmente entre los turistas que recorren esta ruta. A ello se suma la dificultad que enfrentan las comunidades campesinas para transportar sus cosechas hacia los centros de acopio, lo que pone en riesgo la cadena productiva y la seguridad alimentaria local. La urgencia de una solución no es solo técnica: es humana, cultural y económica.
