La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso penal que adelantaba el exembajador Roy Barreras contra el senador Jota Pe Hernández, por presunta calumnia y hostigamiento derivados de una denuncia pública sobre supuestas irregularidades en la contratación del Canal Congreso en 2023.
El conflicto judicial se originó en abril de ese año, cuando Hernández, entonces senador del Partido Verde, acusó a Barreras —presidente del Senado en ese momento— de haber entregado un contrato por 8.000 millones de pesos a un allegado, a través de una empresa “de papel”, para prestar servicios de producción al canal legislativo.

La denuncia fue difundida ampliamente en redes sociales, acompañada de un video titulado “¡Atención! Nueva olla podrida en el Congreso – Roy Barreras respóndale a Colombia”, en el que se señalaban presuntas irregularidades vinculadas al partido La Fuerza de la Paz y a personas cercanas al exembajador.
Barreras respondió con una acción judicial, alegando que las afirmaciones de Hernández afectaban su honra y lo vinculaban falsamente con un entramado de corrupción. Sin embargo, tras más de un año de revisión, la Corte concluyó que las expresiones del senador no fueron difundidas con intención de causar daño ni con conocimiento de falsedad, y que se basaban en una denuncia sustentada en documentos cuya legalidad aún está siendo evaluada.
El fallo subrayó que la crítica política, incluso si resulta incómoda, está amparada por la libertad de expresión, especialmente cuando se dirige a figuras públicas expuestas al escrutinio ciudadano. Por ello, la Corte determinó que no se configuraban los elementos de los delitos imputados y ordenó el archivo del expediente, aunque dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevas pruebas.