La Segunda División del Ejército mantiene un despliegue sostenido en la región del Catatumbo, orientado a contribuir a la seguridad y la estabilidad del territorio. Su presencia busca facilitar el trabajo articulado de las entidades del Estado y el acompañamiento de organismos internacionales como la ONU y la Defensoría, generando condiciones mínimas para la atención institucional, el desarrollo de acciones humanitarias y el fortalecimiento de una presencia estatal que proteja a la población civil.
Pero en el Catatumbo, esa protección sigue siendo frágil. La región, cuyo nombre significa “casa del trueno” en la lengua del pueblo Barí, es un territorio de riqueza natural y diversidad biológica, atravesado por ríos y quebradas, y marcado por décadas de abandono institucional. Su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, sumada a la presencia de petróleo, cultivos de coca y rutas del narcotráfico, la ha convertido en un enclave disputado por múltiples actores armados ilegales.
En los últimos meses, la tensa coexistencia entre estos grupos ha dado paso a una guerra abierta por el control territorial. Los hostigamientos se han intensificado, provocando nuevos desplazamientos masivos. Solo en enero de 2025, cerca de 80 mil personas huyeron hacia municipios como Ocaña, Tibú, Cúcuta y hasta Bucaramanga y Barrancabermeja, tras el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su bebé de 10 meses, mientras se desplazaban en un carro fúnebre hacia Cúcuta. Su hijo de 10 años fue el único sobreviviente.
La violencia no ha dado tregua a los líderes sociales ni a las comunidades. Las amenazas, los asesinatos selectivos, las masacres y el exilio forzado de defensores de derechos humanos han dejado una estela de dolor y miedo. La guerra de la cocaína, que lleva décadas enraizada en el vacío institucional, ha permitido que estructuras como las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales se disputen el control social y económico de la zona.
“El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad”, recordó recientemente Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, ante el Consejo de Seguridad. “Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social”.
Hoy, más que nunca, el Catatumbo necesita más que operativos militares. Requiere una respuesta integral, sostenida y participativa del Estado, que escuche a las comunidades, garantice sus derechos y transforme la exclusión histórica en oportunidades de vida digna. La deuda con el Catatumbo no es solo de seguridad: es de justicia, desarrollo y verdad.
