Este viernes se llevó a cabo el Comité Directivo No. 52 del proyecto Vías de la Cigarra, en el que participaron autoridades departamentales y municipales, representantes del sector infraestructura y miembros de la comunidad. Durante la jornada, a petición de la ciudadanía, se tomó la decisión de invitar a la ministra de Transporte a una reunión con el fin de avalar los compromisos adquiridos con la comunidad y avanzar en la decisión de reapertura del peaje de Rionegro, aprobada por el Gobierno Nacional desde el Comité No. 50.
El encuentro contó con la presencia del Gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, así como con los directores de INVIAS y FINDETER. También participaron los alcaldes de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro, junto con diputados, secretarios de Infraestructura y del Interior del departamento y de los municipios, así como representantes comunitarios.
Durante la sesión, se revisaron los avances en la construcción del Par Vial de Rionegro y se estableció una articulación con INVIAS y la Sociedad Santandereana de Ingenieros para evaluar los diseños de la obra, garantizando que el proyecto cumpla con los estándares técnicos y responda a las necesidades de movilidad de la región.
Con este paso, las autoridades y la comunidad buscan garantizar que la decisión sobre la reapertura del peaje cuente con el respaldo necesario para su pronta ejecución, promoviendo el desarrollo vial y la conectividad en Santander.
Vale destacar que el retraso en la apertura del peaje de Rionegro, Santander, responde a una serie de protestas y bloqueos organizados por la comunidad local, que rechaza la reactivación del cobro. Los habitantes argumentan que la medida afectará negativamente la economía de la región y generará mayores congestiones en la vía, dificultando la movilidad entre Bucaramanga y la Costa Atlántica.
A pesar de la oposición, el gobernador de Santander ha ratificado la decisión de reabrir el peaje, justificando que los recursos recaudados son esenciales para la ejecución de obras viales clave en la zona. La comunidad, sin embargo, insiste en que el cobro no debería retomarse hasta que se cumplan los compromisos de infraestructura previamente acordados.
