Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una jornada clave para visibilizar un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Lejos de ser una tristeza pasajera, la depresión es una enfermedad compleja que puede interferir profundamente en la vida cotidiana y que, sin tratamiento, puede poner en riesgo la vida.

En Colombia, los indicadores de salud mental han encendido alertas. Según el Ministerio de Salud, los trastornos depresivos se han incrementado en los últimos años, especialmente entre mujeres, adolescentes y personas mayores. La pandemia, la crisis económica y la violencia estructural han exacerbado factores de riesgo como el aislamiento, la incertidumbre y el duelo no resuelto.

En Santander, el panorama también exige atención urgente. El Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga reporta un aumento sostenido en las consultas por depresión, especialmente en población joven y adulta mayor.

“Estamos viendo más casos con síntomas graves, asociados a desesperanza, insomnio, pérdida de sentido vital y pensamientos suicidas. La demanda supera nuestra capacidad instalada”, advierte uno de los profesionales del centro.

Frente a este escenario, los especialistas insisten: la depresión es tratable y buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. El acceso a atención oportuna, el acompañamiento familiar y comunitario, y la eliminación del estigma son claves para la recuperación.

¿Qué podemos hacer como sociedad?
• Escuchar sin juzgar.
• Promover espacios seguros para hablar de salud mental.
• Exigir políticas públicas que garanticen atención digna y descentralizada.
• Reconocer que la depresión no discrimina y puede afectar a cualquiera.

Hoy, más que nunca, el llamado es a romper el silencio, tejer redes de cuidado y recordar que nadie debería enfrentar la depresión en soledad.

Un llamado urgente a las autoridades: la salud mental no puede esperar
En medio de esta conmemoración, el testimonio de una madre en Bucaramanga revela una de las barreras más dolorosas: su hijo de 16 años, en tratamiento por consumo problemático de sustancias, ha enfrentado interrupciones en la entrega de medicamentos esenciales. “Cada vez que se agotan, nos dicen que esperemos.  Pero la enfermedad no espera”, denuncia.

Este caso no es aislado. Contraviene lo establecido en la Ley 1616 de 2013, de autoría del exsenador Juan Manuel Galán, que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y obliga al Estado a garantizar la continuidad de los tratamientos. Sin embargo, en la práctica, muchas familias enfrentan desabastecimiento, demoras y barreras administrativas que ponen en riesgo la vida de sus seres queridos.

Por eso, este 13 de enero no puede ser solo una fecha simbólica. Es un llamado a las autoridades locales y nacionales para que cumplan la ley, fortalezcan la red pública de salud mental y escuchen a quienes cuidan, sufren y resisten en silencio. Porque la depresión, la ansiedad y las adicciones no se resuelven con discursos, sino con políticas sostenidas, recursos dignos y voluntad de sanar como sociedad.