El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo decreto provisional de salario mínimo para 2026 que conserva intacto el aumento del 23,7% —el más alto en décadas—, elevando el salario “vital y móvil” con auxilio de transporte a 2 millones de pesos.  Esta decisión responde a la orden del Consejo de Estado de corregir vicios procedimentales en el decreto original emitido en diciembre de 2025, pero sin modificar la cifra final, ahora respaldada por estudios técnicos sobre productividad, canasta familiar básica y salarios regionales comparados. Petro adelantó que en 2027 este piso salarial debe seguir creciendo para asegurar una existencia digna a los trabajadores.

En paralelo, el mandatario lanzó un duro reclamo al poder judicial y al Congreso por bloquear el avance de reformas sociales clave, con foco en la pensional, ya aprobada en el Legislativo pero ahora en riesgo por retrasos y posibles fallos en la Corte Constitucional. Acusó a una “fuerza jurídica oscura” de estancar perversamente estos cambios, que interpreta como parte del mandato popular con el que llegó al poder, y advirtió que tumbar o frenar la reforma pensional afectaría el derecho a la pensión de millones de adultos mayores, generando potenciales riesgos para Colpensiones y los fondos privados.

Ambas intervenciones reflejan la estrategia de Petro de confrontar instituciones que cuestionan su agenda de equidad: acata formalmente al Consejo de Estado reafirmando su apuesta económica, pero arremete contra la Corte y el Congreso apelando a la movilización ciudadana. En este 2026, el programa de gobierno enfrenta pruebas decisivas en poderes públicos independientes, con énfasis en derechos laborales y sociales.