El presidente Gustavo Petro ha dado una orden drástica que podría desestabilizar el acceso a la salud para millones de colombianos: liquidar de inmediato todas las EPS en quiebra. Dirigida a los ministros de Salud y Hacienda, la instrucción busca evitar que el Estado asuma una deuda de $50 billones, pero genera temores sobre interrupciones masivas en servicios médicos y la falta de un plan claro para reubicar afiliados.
Más de 12 millones de usuarios de siete EPS intervenidas, con un patrimonio negativo de $14 billones, podrían quedar varados sin atención médica inmediata tras las liquidaciones. En regiones como Santander, donde operan entidades clave con millones de afiliados, se anticipa saturación hospitalaria, demoras en medicamentos críticos y posibles muertes evitables, como ya han ocurrido en casos recientes por fallas en la entrega de fármacos. Analistas alertan que el resto del sistema no resiste absorber tal avalancha de pacientes sin quebrar.
Estas son las siete entidades principales destinadas a liquidación:
Famisanar (2,9 millones de afiliados)
Coosalud (3,2 millones)
Asmet Salud (1,8 millones)
Emssanar (1,7 millones)
Savia Salud (1,6 millones)
Servicio Occidental de Salud (750.000 usuarios)
Capresoca (170.000)
Estas EPS suman más de 12,1 millones de usuarios con patrimonio negativo acumulado de $14 billones, y su cierre forzaría una reubicación masiva sin capacidad garantizada en el sistema.
Sin mecanismos transitorios robustos, los ciudadanos enfrentan un limbo sanitario: ¿Dónde acudirán para cirugías pendientes, tratamientos crónicos u oncología si colapsa la red actual? Petro atribuye el caos a fallos judiciales y bloqueos legislativos, anunciando una reforma para julio de 2026, pero sin garantías inmediatas, el riesgo de un «apagón de salud» regional —intenso en Bucaramanga y el oriente— parece inevitable. La SuperSalud guarda silencio sobre pasos concretos al 17 de marzo, amplificando el desconcierto.
Alarma generalizada
Voces expertas claman por urgencia ante el colapso potencial, destacando desigualdades que golpearán más a comunidades vulnerables sin pagos asegurados a proveedores ni reubicación ordenada. Familias enteras penden de un hilo: la consigna gubernamental de «liquidar toda empresa en quiebra» suena firme, pero ¿a qué costo humano si no hay red de seguridad?
