El Gobierno nacional, bajo el presidente Gustavo Petro, anunció un impuesto temporal al patrimonio dirigido a grandes empresas para recaudar $8 billones y atender la crisis por inundaciones y daños en infraestructura, según el boletín de prensa de la Presidencia emitido el 24 de febrero de 2026.

Esta medida, detallada por el ministro de Hacienda Germán Ávila durante el Consejo de Ministros en Cartagena, grava patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (unos $10.474 millones), con una tarifa general del 0,5% y 1,6% diferencial para sectores financiero y minero-energético, de donde provendrá el 56% del recaudo.  Así se busca liquidez rápida para zonas afectadas sin impactar a microempresarios, según el Ejecutivo.

El tributo se pagará en dos cuotas iguales: 50% el 1 de abril y el resto el 4 de mayo de 2026, con recursos destinados a intervenciones agrarias e infraestructura en regiones afectadas, especialmente el Caribe colombiano. Ávila enfatizó que responde a una evaluación técnica de la emergencia, con 65 eventos reportados —53 por inundaciones— en 61 municipios de ocho departamentos, afectando a 69.000 familias, causando 10 fallecidos, 4.100 viviendas destruidas y 20.000 hectáreas dañadas.

Ante restricciones de la Corte Constitucional, el Gobierno focalizó el esquema en personas jurídicas, recordando usos previos como en La Niña de 2009 para emergencias climáticas. Además, se acordaron alivios financieros como 12 meses de gracia sin intereses, conservación de calificación crediticia y suspensión de cobros para afectados, con llamados a reducir tasas en economía popular.

El ministro anticipó decretos complementarios para recursos adicionales, mientras el sector financiero —que duplicó utilidades en 2024-2025— se compromete a apoyar con educación financiera y crédito asociativo prioritario.