Natalia Gutiérrez, analista financiera, cuestionó duramente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro vía X, argumentando que la crisis climática no justifica un impuesto al patrimonio empresarial (0,5% general, 1,6% financiero/minero) sin recortes previos al gasto estatal, que escaló contratos servicios de $12 a $19 billones (2022-2025).
El ministro Germán Ávila defendió en Consejo Ministros Cartagena la «solidaridad fiscal» de sectores rentables como bancos (utilidades crecientes), con alivios créditos para afectados; la medida busca liquidez inmediata ante inundaciones, viviendas destruidas y producción paralizada. Gutiérrez replica violación constitucional por falta conexidad, proporcionalidad y diálogo gremial, proponiendo eficiencia interna, cooperación internacional y mecanismos ordinarios.
Gobierno ve excepcionalidad humanitaria superando capacidad ordinaria; críticos temen incertidumbre inversión, trato discriminatorio (empresas públicas/salud exentas) y expansión poder Ejecutivo con emergencias recurrentes. Gutiérrez advierte «cura peor que enfermedad»: gravamen castiga empleo/crecimiento sin revisar gasto corriente mayoritario.
Decisión unilateral genera reservas empresariales pese disposición diálogo; Petro anuncia más decretos (incluyendo 2% ventas energía generadoras).
