La Contraloría General de la República ha intensificado sus alertas sobre un alto riesgo de racionamiento de energía eléctrica y combustibles en Colombia, contradiciendo las declaraciones optimistas del presidente Gustavo Petro, en un debate que expone fisuras en la política energética nacional a marzo de 2026.
Tensiones entre Contraloría y Gobierno
El contralor Carlos Hernán Rodríguez ha reiterado advertencias desde noviembre de 2025, destacando agravios por falta de subsidios pendientes (deuda de $2,88 billones), caída en producción de hidrocarburos y debilidades en infraestructura. Propone medidas urgentes como girar subsidios a empresas afectadas, convocar mesas con ministros y gremios, y una política de soberanía energética con mayor presupuesto para producción local. Petro, por su parte, niega apagones y defiende mayor generación limpia, ordenando preferencia por gas de Ecopetrol y suspendiendo importaciones de Ecuador.
Reservas en Zona Crítica
Las reservas de gas natural están en 5,9-6,3 años de consumo (2.064 Gpc en 2024), con caídas anuales del 13-18% y déficit proyectado del 20% para 2026, según Naturgás y la ANH. El petróleo mejoró ligeramente a 7,2-7,8 años, pero persiste dependencia de importaciones, agravada por variabilidad climática y decretos como el 0177.
Respuesta Gubernamental y Críticas
Ante la emergencia, Petro impuso en febrero de 2026 un aporte extraordinario del 2% a generadoras por seis meses para recuperación ambiental y manejo de represas, junto con estudios hidrológicos y permisos excepcionales. Estas acciones buscan mitigar niveles críticos en embalses, pero generan controversia por posibles alzas tarifarias y falta de consenso con el sector privado. Analistas señalan que, sin reposición acelerada de yacimientos, el país opera «al límite» sin margen para imprevistos.
Implicaciones para Colombia
Esta disputa revela un dilema entre transición energética verde y realismo en abastecimiento fósil, con riesgos para hogares, industria y estratos bajos si no hay ejecución rápida. A tres meses del segundo semestre crítico, urge un plan unificado para evitar un racionamiento que evoque los apagones de 1992-1993, priorizando inversión en exploración sin desmedro ambiental.
