El proceso de reincorporación que adelantan los más de 13 mil excombatientes ha contado con apropiaciones presupuestales por $1.1 billones durante el Gobierno del Presidente Iván Duque.
Así lo confirmó el Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, quien detalló que, de este presupuesto, se han dispuesto recursos para “la atención de las ayudas mensuales para los excombatientes, para los más de 8.500 proyectos productivos que hay a nivel nacional”.
“También para atender lo que corresponde a los Antiguos Espacios Territoriales, donde se destinaron apropiaciones por $16 mil millones para la compra de tierra y, actualmente, más de $51 mil millones se han invertido para la consolidación de los proyectos de vivienda en tres espacios territoriales: Dabeiba, Arauquita y Caldono”, aseguró.
Por su parte, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que el proceso de reincorporación, como lo dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no solo es un ejemplo como sino una inspiración para el mundo y, a su vez es garantista, exitoso y da resultados.
“Hoy, más del 60% de los excombatientes tiene un empleo fijo o una fuente de ingresos a través de un proyecto productivo; el 98% de ellos está ya en el sistema financiero; más del 90% está en el sistema de salud y más del 85% está ya en el sistema de pensiones”, explicó Archila.
Frente a la seguridad de esta población, el Consejero Adjunto de Seguridad, Carlos Caicedo, aseguró que desde el año pasado se estructuró el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contiene 8 líneas estratégicas, 20 programas y más de 84 acciones de distintas entidades del Estado.
“De los 13 mil excombatientes, 12.500 no han reportado un caso de riesgo contra sus vidas, de los 1.500 restantes se reportaron alertas y se hicieron las evaluaciones de riesgo. Algunos fueron reubicados y otros cuentan con medidas de protección personal”, dijo.
Según la Consejería, los integrantes del Partido Comunes y los excombatientes candidatos a corporaciones públicas, cuentan con un esquema de protección y todas las garantías de seguridad durante las elecciones.
