a emergencia por el deslizamiento en Paso Malo, en el norte de Bucaramanga, llevó a la Administración municipal a declarar la calamidad pública mediante el Decreto 450 de 2026. La medida busca facilitar la atención de las familias afectadas y avanzar en acciones para enfrentar la inestabilidad del terreno, que también compromete la movilidad por el corredor Palenque–Café Madrid. Al menos 12 viviendas han tenido que ser desocupadas debido a las condiciones de riesgo.

La magnitud del movimiento quedó registrada en un informe técnico de MSI Geotech, que reportó un desplazamiento acumulado de 77,1 milímetros entre enero y el 6 de noviembre de este año. De acuerdo con las mediciones, la ladera se movió 13,4 milímetros durante las últimas seis semanas y la superficie de falla se encuentra a una profundidad aproximada de 38 metros. La situación requiere seguimiento especializado, especialmente porque los tres inclinómetros instalados para monitorear el terreno quedaron fuera de servicio.

Las afectaciones también se evidencian en las viviendas de Villas de San Ignacio, donde se han reportado grietas, deformaciones en puertas y ventanas y daños en elementos estructurales. Los residentes enfrentan la incertidumbre de tener que abandonar sus hogares, mientras buscan alternativas de alojamiento. Entre las preocupaciones está la atención de adultos mayores y personas con discapacidad que viven en el sector.

Como parte de la respuesta inmediata, se contempla brindar apoyo económico para el pago de arriendos y realizar trabajos provisionales en la carretera, entre ellos limpieza, retiro de material y aplicación de fresado para mejorar el tránsito. Sin embargo, estas acciones no resuelven la inestabilidad geológica que afecta el corredor ni garantizan por sí solas la seguridad de las construcciones cercanas.

El costo de una intervención integral fue estimado por Findeter en $48.345 millones, a precios de 2024. No obstante, el proyecto continúa pendiente de priorización y financiación. La entidad había advertido anteriormente que las labores de mantenimiento realizadas en el sector eran temporales y que se necesitaban estudios y diseños para avanzar hacia una solución definitiva.

La emergencia deja pendientes varios compromisos: garantizar condiciones seguras para las familias, restablecer el monitoreo técnico del terreno y definir los recursos y responsables de las obras de estabilización. Mientras se ejecutan las medidas provisionales, los habitantes de Paso Malo siguen a la espera de una respuesta que permita superar el riesgo y recuperar la seguridad de este corredor vial.