La crisis financiera que atraviesa la red pública de salud en Santander mantiene en alerta a varias instituciones hospitalarias. Las deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que según representantes del sector se acercan al billón de pesos en el departamento, han llevado a 11 hospitales a evaluar posibles suspensiones de servicios ante las dificultades para sostener su operación.

Uno de los casos reportados es el del Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), al que las EPS adeudan cerca de 37.000 millones de pesos. Su gerente, Hernán Zárate, advirtió que los retrasos en los pagos y las dificultades para formalizar contratos están afectando la capacidad financiera de la institución y podrían comprometer la continuidad de consultas especializadas, procedimientos y otros servicios médicos.

La situación ya tuvo consecuencias en la programación de procedimientos. Según el gerente del ISABU, más de 37 cirugías previstas para usuarios de Nueva EPS tuvieron que ser suspendidas durante la semana en que se dio a conocer la alerta. La institución atiende a más de 60.000 afiliados de esa aseguradora y, de acuerdo con lo señalado por el directivo, las dificultades podrían tener repercusiones para más de 170.000 usuarios vinculados a los servicios que presta.

La preocupación también alcanza al Hospital Universitario de Santander (HUS), cuya cartera pendiente con las EPS supera los 400.000 millones de pesos. Su gerente, Ricardo Hoyos, informó que el centro asistencial adelanta gestiones con Coosalud y Famisanar dentro del plan de choque del Gobierno nacional, pero aclaró que todavía no ha recibido desembolsos. También precisó que, hasta el momento de sus declaraciones, el hospital no registraba mayores restricciones en la atención de sus pacientes.

Como respuesta a las dificultades financieras del sector, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 002445 del 22 de octubre de 2026, que establece una línea de crédito para facilitar el pago de obligaciones de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores. Los recursos serán girados directamente a los prestadores, previa validación de las facturas. Sin embargo, se trata de créditos que las aseguradoras deberán devolver y no de una condonación de sus deudas.

Mientras avanzan estos mecanismos, los hospitales de Santander enfrentan el desafío de mantener la prestación de los servicios y evitar que los problemas financieros terminen trasladándose a los pacientes. La principal preocupación es que las demoras en los pagos deriven en nuevas cancelaciones de procedimientos o limitaciones en la atención de quienes necesitan tratamientos y controles médicos.