La controversia alrededor del traslado de afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones volvió a escalar este miércoles luego de que el presidente de la entidad, Jaime Dussán, asegurara que las administradoras privadas adeudan más de $27 billones correspondientes a trabajadores que se cambiaron al régimen público y ya cumplieron los requisitos para pensionarse.
Durante una intervención en el Consejo de Ministros realizado en Casa de Nariño, Dussán afirmó que los recursos deben ser transferidos conforme a lo establecido en la Ley 100 y sostuvo que actualmente más de 109 mil afiliados realizaron su traslado a Colpensiones sin que, según dijo, los fondos respectivos hayan sido girados.
El funcionario explicó que la entidad pública ha recibido más de 129 mil afiliados provenientes de fondos privados y que hasta ahora se han reconocido más de 24 mil pensiones derivadas de esos cambios de régimen. Además, señaló que otras 8.466 personas ya consolidaron los requisitos para acceder a su pensión, lo que incrementaría la presión sobre las administradoras privadas para efectuar los traslados de capital.
La discusión se produce en medio de las decisiones judiciales que suspendieron los efectos del Decreto 415 expedido por el Gobierno nacional, mecanismo que buscaba agilizar el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones mediante bonos y títulos financieros, y no únicamente en efectivo.
Según Dussán, el decreto no creaba nuevas obligaciones sino que reglamentaba un procedimiento contemplado en la legislación vigente. Sin embargo, distintos sectores han cuestionado la medida argumentando posibles impactos sobre el mercado financiero y el ahorro pensional administrado por las AFP.
La suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado abrió un nuevo frente jurídico y económico alrededor de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En medio de la controversia, Dussán aseguró que Colpensiones mantiene la capacidad financiera para responder por las mesadas de quienes ya obtuvieron el reconocimiento de su pensión y afirmó que el aumento de afiliados refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el régimen público.
El presidente de la entidad también reveló que recientemente sostuvo reuniones con representantes del sector privado para discutir el traslado de los recursos, aunque advirtió que nuevas decisiones judiciales volvieron a frenar el proceso.
Por ahora, Asofondos y las administradoras privadas no han emitido una respuesta oficial conjunta frente a las más recientes declaraciones de Colpensiones. No obstante, desde distintos sectores económicos se ha insistido en que cualquier movimiento masivo de recursos debe realizarse bajo criterios de estabilidad financiera y seguridad jurídica para los afiliados.
Mientras continúa el debate, el Gobierno y los fondos privados siguen enfrentados por el manejo de los aportes de miles de trabajadores trasladados al régimen público, en una discusión que ahora también avanza en los tribunales y podría derivar en nuevas acciones judiciales por parte de afiliados que reclaman el traslado de sus ahorros.
