La Corte Constitucional anuló este 9 de abril de 2026 el Decreto 1390 de 2025 con el que Gustavo Petro declaró la emergencia económica, dejando en el aire 1,65 billones de pesos recaudados y complicando el déficit presupuestal de este año. El fallo obliga al gobierno a tramitar con urgencia alternativas legislativas para cubrir huecos en salud, seguridad y desastres, tras declarar inexequibles las medidas tributarias derivadas.
Impacto Fiscal y Económico
Sin el recaudo esperado de 11 billones, el Ejecutivo enfrenta un panorama crítico: decretos conexos como el 1474/2025 y 044/2026 pierden vigencia, y la devolución de fondos pagados genera litigios y tensiones con contribuyentes. Analistas prevén mayor presión sobre el presupuesto 2026, ya que el fracaso de la ley de financiamiento congresional queda sin parches extraordinarios.
Antecedentes del Decreto Anulado
Petro lo firmó el 22 de diciembre de 2025 en vacancia legislativa, alegando ocho crisis coyunturales como ola invernal y sentencias judiciales, pero la Corte calificó estos como estructurales y previsibles, no «sobrevinientes» ni «irresistibles» según el artículo 215 constitucional.
Evolución del Proceso Judicial
Tras la inédita suspensión provisional de enero (Auto 29/1/2026), el alto tribunal reiteró violaciones a la separación de poderes, riesgos irremediables en gravámenes y elusión de control judicial, sellando la nulidad total.
