La decisión provisional del Consejo de Estado de suspender el Decreto 1469 de 2025 ha paralizado el aumento al salario mínimo legal vigente (SMLMV) para 2026, fijado en $1.750.905 más auxilio de transporte de $249.095, lo que deja en jaque a trabajadores y empresas en Santander. Esta medida, que responde a demandas contra el procedimiento de fijación, no afecta pagos ya realizados en enero y febrero, pero genera temores de ajustes retroactivos o futuros recortes.
En Santander, donde el 96% de las empresas son microempresas, la suspensión alivia costos laborales superiores a $3 millones por empleado (incluyendo prestaciones y seguridad social), evitando despidos y alza en precios, según opiniones de empresarios locales. Sin embargo, sindicatos como la CUT rechazan la medida y amenazan con protestas, alertando sobre pérdidas en pensiones, créditos y educación para familias dependientes del mínimo.
Más de 70 bienes y servicios referenciados al SMLMV, como multas y transporte, quedan en vilo, presionando la inflación regional.
El Gobierno Nacional debe emitir un decreto transitorio para estabilizar la situación, mientras se resuelve judicialmente el fondo del caso. Expertos recomiendan a trabajadores verificar nóminas y a empleadores monitorear actualizaciones oficiales para evitar informalidad o litigios.
