En Bucaramanga, mujeres trasplantadas y pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes bloquearon recientemente la sede de la Nueva EPS. En sus pancartas, una frase lo decía todo: “La vida es un derecho”. No exigían favores, sino medicamentos que el sistema de salud está obligado a garantizar. Pero la respuesta institucional ha sido el silencio.
La situación no es nueva, pero sí más grave. Desde que el Gobierno Nacional intervino la Nueva EPS en abril de 2024 con la promesa de “recuperar la institución”, las cifras y los testimonios indican lo contrario: más deuda, más quejas, más angustia.
Una intervención que no mejora, sino que agrava
Según la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, la deuda de la entidad pasó de 18,3 billones en 2024 a 26,3 billones en diciembre de 2025. Todo bajo la supervisión directa del Estado. “¿La intervención no era para mejorar? La gente está pagando los platos rotos”, cuestionó la congresista, tras recibir respuestas a varios derechos de petición.
El panorama es alarmante: solo entre enero y febrero de 2025 se registraron más de 81.000 quejas de usuarios, casi el triple de las reportadas en todo 2024. A esto se suma el informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que señala a la Nueva EPS como la entidad con la mayor deuda del sistema para finales de 2024.
Pese a estos datos, en abril de 2025 la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención por otro año. Y en septiembre, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la crisis “no es consecuencia de la intervención”, dejando aún más preguntas que respuestas.
Medicamentos que no llegan, vidas que se apagan
El cambio de operador logístico para la entrega de medicamentos —decisión tomada durante la intervención— ha dejado a miles de usuarios sin acceso oportuno a sus tratamientos. Empresas como Medic y Tododrogas asumieron la tarea, pero con una infraestructura insuficiente.
La Defensoría del Pueblo ha documentado dos fallas críticas: la ausencia de un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y la falta de información clara para los pacientes. Muchos no sabían que Colsubsidio dejaría de dispensar medicamentos; otros no tenían idea de a dónde acudir. El resultado: filas interminables, sistemas colapsados y tratamientos interrumpidos.
El llamado de los entes de control
La Procuraduría General de la Nación exigió a la Nueva EPS activar un plan de choque para atender a los pacientes más vulnerables —como personas con VIH o enfermedades huérfanas— y reiteró que la salud es un derecho fundamental, no una dádiva.
La Defensoría, por su parte, recordó que todos los actores del sistema —EPS, IPS, hospitales, gestores y operadores— están obligados a garantizar redes de atención suficientes, universales y disponibles. También pidió la intervención urgente de Supersalud.
El silencio que duele
A tres meses de que se cumpla otro año de intervención, ni el ministro Jaramillo ni el interventor Luis Oscar Galves han dado explicaciones públicas. Mientras tanto, las redes sociales y las calles se llenan de voces que claman por atención. Son madres, hijos, abuelos y pacientes que ven cómo sus fórmulas médicas vencen, sus tratamientos se interrumpen y sus derechos se diluyen en la espera.
La pregunta que retumba en cada testimonio es la misma: ¿quién responde?
