La indignación ciudadana frente al estado de las vías en Santander ha alcanzado un punto crítico. En menos de 24 horas, dos de las principales arterias del departamento colapsaron, dejando imágenes que, según el director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, “parecen sacadas de una película de terror o generadas con inteligencia artificial”. Pero no lo son: reflejan una realidad que ha sido advertida durante años y que hoy cobra factura.

En su columna de opinión publicada en el diario Vanguardia, titulada “No hay peajes sin inversión”, Remolina denuncia el incumplimiento sistemático de la Ley 105 de 1993, que exige que al menos el 50% de los recursos recaudados por peajes se inviertan en la vía correspondiente. Según cifras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), de los cinco peajes ubicados en el corredor Zipaquirá – San Alberto, solo se ha invertido el 20% de los 317.000 millones de pesos recaudados desde 2023. Es decir, apenas 63.000 millones.

El panorama se agrava si se considera que el 70% de las vías nacionales en Santander están en estado regular o malo. Aunque en años anteriores el promedio de inversión superó el 70%, también se habría incumplido la Ley 2159 de 2021, que obliga a mantener la inversión hasta que las vías cumplan con estándares adecuados.

Este incumplimiento ha motivado protestas ciudadanas en varios puntos del departamento, donde comunidades han decidido mantener las talanqueras de los peajes levantadas como forma de presión. “Lo que está en juego es la vida, la salud, el trabajo y el sustento de cientos de miles de personas”, advierte Remolina, quien también señala que la cohesión territorial de Santander está en riesgo.

En medio de este panorama, la inclusión del proyecto de doble calzada Barbosa – Piedecuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y la firma del Convenio “Ruta de los Comuneros” entre el Ministerio de Transporte y autoridades regionales han generado expectativas. Este acuerdo permitiría anticipar más de 2 billones de pesos del recaudo de peajes en los próximos 20 años, replicando el modelo exitoso del programa “Vías de las Cigarras”.

Entre las obras proyectadas se incluyen terceros carriles de adelantamiento, tramos en doble calzada, variantes en Socorro, Oiba, Barbosa y la culminación de la variante de San Gil. No obstante, Remolina insiste en que, más allá del modelo de ejecución, lo fundamental es garantizar que cada peso recaudado se invierta en las vías y sus áreas de influencia, como lo ordena la ley.

Ante el evidente incumplimiento legal y el deterioro crítico de las vías en Santander, es urgente que el Gobierno Nacional y las entidades responsables del recaudo de peajes actúen con transparencia, celeridad y compromiso.

Las comunidades no pueden seguir pagando por vías que ponen en riesgo su vida y su desarrollo. Es hora de que cada peso recaudado se traduzca en obras concretas, seguras y sostenibles. La ciudadanía exige inversión real, cumplimiento normativo y respeto por el territorio. Sin vías dignas, no hay peaje justo.