La salud de más de 1.2 millones de santandereanos está en peligro. A partir del 26 de noviembre, varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) dejarán de atender a los afiliados de Nueva EPS en Santander, debido a la falta de pagos por parte del gobierno nacional. La medida afecta servicios de atención primaria, secundaria y de alta complejidad, y podría agravar la crisis hospitalaria en la región.
Clínicas como Foscal, Comuneros y el Hospital Internacional de Colombia han comenzado a limitar la atención, mientras que el Hospital Psiquiátrico San Camilo anunció que solo atenderá urgencias. La situación se torna crítica para pacientes con tratamientos especializados, quienes podrían ser trasladados a hospitales públicos ya colapsados, como el Universitario de Santander, que atiende población migrante y de al menos cuatro departamentos.
El Comité de Usuarios de Nueva EPS en Santander denuncia que desde la intervención estatal a esta entidad, la calidad del servicio ha desmejorado en un 70%. Además, rechaza lo que califican como “decisiones abruptas” del Ministerio de Salud, que pretende modificar las condiciones de atención sin garantizar capacidad instalada ni continuidad en los tratamientos.
