La reforma laboral que se avecina en Colombia promete dignificar el trabajo, reducir la precarización y cerrar brechas históricas. Pero en el terreno, especialmente en ciudades como Bucaramanga, el panorama es más complejo. En el reciente Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, las alertas no fueron menores: cientos de empresas están cerrando o reduciendo operaciones, no por falta de clientes, sino por la imposibilidad de sostener la carga laboral que se avecina.

La paradoja es inquietante. Mientras el discurso oficial habla de justicia social, los pequeños y medianos empresarios —que generan más del 70 % del empleo en el país— enfrentan una reforma que, lejos de fortalecerlos, podría asfixiarlos. Fenalco reportó que en el último año más de 1.200 empresas cerraron en Santander, muchas de ellas por costos laborales que superan su capacidad operativa. ¿Qué empleo digno puede ofrecer una empresa que ya no existe?

En Bucaramanga, donde la informalidad supera el 45 % y el desempleo juvenil va en aumento, la reforma debería ser una oportunidad para integrar a quienes hoy trabajan sin garantías. Pero si no se acompaña de incentivos reales, pedagogía tributaria y diálogo territorial, corremos el riesgo de que la informalidad se vuelva refugio y no excepción.

No se trata de frenar el avance de los derechos laborales. Se trata de construir una reforma que entienda la diversidad del tejido empresarial colombiano, que escuche a los comerciantes de Girón, a los emprendedores de Piedecuesta, a las madres cabeza de hogar que sostienen negocios familiares en Floridablanca. Que no legisle desde el escritorio, sino desde la calle.

La reforma laboral debe ser una herramienta de inclusión, no una sentencia de cierre. Y para lograrlo, se necesita más que decretos: se necesita diálogo, flexibilidad y una mirada territorial que reconozca que Bucaramanga no es Bogotá, y que el país no puede avanzar si sus regiones retroceden.

Voces como la de Ana María, emprendedora en el centro de Bucaramanga que tuvo que cerrar su cafetería por el aumento en los costos laborales, o la de Julián, un joven recién graduado que lleva ocho meses buscando empleo formal sin éxito, pueden darle rostro y urgencia a esta discusión. Porque detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada reforma, una vida que cambia.

En Bucaramanga y su área metropolitana, las Mipymes son el corazón del empleo. Generan más del 70 % de los puestos de trabajo y sostienen miles de hogares. Pero hoy, muchas sienten que la reforma laboral no las contempla. El propietario de una fábrica de tamales, ubicada en Piedecuesta, cuenta que antes trabajaban cinco personas: él, su esposa, una sobrina y dos empleados contratados. “Me tocó despedir a los dos particulares y reducir la producción. Si no lo hacía, quebraba”, confiesa con tristeza. Su historia no es aislada: es el reflejo de una reforma que, si no se ajusta a la realidad de las regiones, podría convertir el empleo formal en un lujo y la informalidad en refugio.