La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado a 635 víctimas de violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes motivados por prejuicio en el marco del conflicto armado colombiano. Estas violencias, históricamente silenciadas y con altos niveles de impunidad, son investigadas en el Caso 11, abierto en septiembre de 2023 por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Voces que rompen el silencio
Entre las víctimas acreditadas, 124 se reconocen como indígenas o racializadas, lo que revela la dimensión diferencial de estos crímenes. La JEP ha implementado mecanismos de confidencialidad, seguridad y acompañamiento psicosocial para garantizar condiciones dignas de participación. “Durante años callamos por miedo, por vergüenza. Hoy hablamos por justicia”, expresó una víctima durante una jornada de pedagogía en Putumayo.
Distribución de los hechos investigados
• 322 víctimas por violencias cometidas por las Farc-EP contra civiles
• 292 por violencias cometidas por integrantes de la fuerza pública
• 21 por violencias intrafilas dentro de ambos actores armados
Comparecientes llamados a versión voluntaria
La JEP ha citado a 62 comparecientes: 35 exintegrantes de las Farc-EP y 27 miembros de la fuerza pública. Diez de ellos ya han rendido versión en el Subcaso 2, revelando hechos ocurridos en Putumayo.
Estructura del Caso 11
El caso se divide en tres líneas de investigación:
1. Crímenes de las Farc-EP contra la población civil
2. Violencias de la fuerza pública contra civiles
3. Hechos intrafilas cometidos por ambos actores armados
Un compromiso con la verdad y la no repetición
La JEP ha realizado más de 138 jornadas de pedagogía y 180 espacios de asesoría para las víctimas. Este proceso no busca esclarecer hechos aislados, sino comprender las dinámicas estructurales de la violencia de género en el conflicto armado. “Reconocer a hombres, mujeres y personas LGBTIQ+ como víctimas es un acto de reparación histórica”, señaló el magistrado Óscar Parra.
