La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en una etapa decisiva del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado colombiano.  El despacho relator evalúa la respuesta entregada por seis exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, imputados como máximos responsables de este crimen de guerra y otros hechos graves ocurridos en la vida intrafilas.

El documento, radicado el pasado 7 de julio, fue firmado por Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo. En él, los comparecientes responden al Auto 005 de 2024, que los llama a reconocer su responsabilidad penal individual por cinco patrones macrocriminales:
1. Reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidas personas menores de 15 años.
2. Malos tratos, torturas y homicidios en el marco de la vida intrafilas.
3. Violencias reproductivas contra niñas reclutadas.
4. Violencias sexuales contra niños y niñas reclutados.
5. Violencias basadas en prejuicio por orientación sexual, identidad o expresión de género.

La Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará si las respuestas cumplen con las tres dimensiones del reconocimiento: fáctica, jurídica y restaurativa. Si se considera que no lo hacen, el proceso podría avanzar por la ruta adversarial, y los comparecientes enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión.

Dato clave: Entre 1971 y 2016, las Farc-EP reclutaron a 18.677 niñas y niños, concentrándose la mayoría de los casos entre 1996 y 2016. Actualmente, 10.253 víctimas han sido acreditadas para participar en el proceso: 1.350 individuales y 8.903 pertenecientes a cinco Pueblos Indígenas.

Este momento representa un punto de inflexión en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para miles de víctimas que aún esperan respuestas y reconocimiento.