El presidente anunció que el nuevo mecanismo deberá ser avalado por el Congreso; expertos advierten que la figura de la “octava papeleta” carece de validez constitucional

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció este viernes la derogación del decreto que convocaba a una consulta popular. No obstante, adelantó que en las próximas elecciones se entregará una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que, según la Constitución, deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

“El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, expresó el mandatario en su cuenta de X, al justificar el retiro del decreto. Sin embargo, insistió en la necesidad de una constituyente para avanzar en transformaciones estructurales en el país.

El anuncio generó reacciones encontradas. Mientras sectores del Pacto Histórico respaldaron la iniciativa como un ejercicio de democracia participativa, voces críticas advirtieron sobre su inviabilidad jurídica. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que no se puede “hacer un atajo a la democracia” y recordó que cualquier convocatoria a una constituyente debe pasar por el Legislativo.

Por su parte, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez aclaró que la figura de la “octava papeleta”, utilizada en 1990 para impulsar la Asamblea Constituyente de 1991, ya no tiene sustento legal ni constitucional. Expertos como Juan Manuel Charry y Germán Calderón coincidieron en que el mecanismo propuesto por el Ejecutivo elude disposiciones clave de la Carta Magna y enfrenta limitaciones de tiempo en el Congreso.