El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en una alocución que esta semana emitirá el decreto para convocar una consulta popular sobre las 12 preguntas de la reforma laboral que su Gobierno había radicado ante el Senado de la República.
Durante su intervención, Petro enfatizó la importancia de la iniciativa para fortalecer el Estado Social de Derecho y garantizar la igualdad social, alejándose de lo que él denominó una “cultura traqueta y codiciosa”. Además, instó a la Corte Constitucional a acompañar el proceso y respaldar la consulta como un mecanismo legítimo de participación ciudadana.
Reacciones y controversia
El anuncio ha generado un intenso debate en el ámbito político. Efraín Cepeda, presidente del Senado, calificó la decisión como un atentado contra la separación de poderes, recordando que la cámara alta ya había rechazado la convocatoria el pasado 14 de mayo.
Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle expresó su preocupación, señalando que la medida equivale a un golpe de Estado, ya que desconoce la decisión del Congreso. “El Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la justicia”, afirmó.
La senadora María Fernanda Cabal anunció que está lista para presentar una demanda contra el decreto, argumentando que Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, lo que representaría una violación del principio de separación de poderes.
Próximos pasos
El decreto será enviado a la Corte Constitucional, que deberá evaluar su legalidad. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta popular podría realizarse entre finales de julio y principios de agosto.
Mientras tanto, el Senado continúa con el trámite de una nueva versión de la reforma laboral, que ya fue aprobada en tercer debate. Sin embargo, Petro ha criticado el texto actual, asegurando que incluye modificaciones que desvirtúan su propuesta original, especialmente en lo referente a la contratación por horas, lo que, según él, afectaría derechos fundamentales como el salario mínimo, la jornada laboral y la estabilidad laboral.
La consulta popular se perfila como un punto de inflexión en el debate sobre la reforma laboral, con implicaciones políticas y jurídicas que podrían definir el futuro del modelo laboral en Colombia.
