La estrategia de Paz Total atraviesa una crisis profunda. La falta de un marco jurídico claro impide que los actores armados accedan a la Justicia Transicional, lo que genera incertidumbre y obstáculos en las negociaciones.
Rafael Pardo Rueda, ex Consejero para la Paz, señala que la reciente resolución del gobierno, que establece un plazo de 45 días para la concentración del Frente 33 en una Zona de Ubicación Temporal, no garantiza seguridad ni condiciones claras para la población civil. Esta medida, según expertos como Jorge Mantilla, enfrenta tres retos fundamentales: la protección de los combatientes y la población, la viabilidad de una dejación colectiva de armas y la transformación territorial en zonas como Tibú, epicentro del conflicto.
Los diálogos con el ELN también muestran signos de estancamiento. Pardo sostiene que el proceso, especialmente tras lo ocurrido en Catatumbo, está prácticamente condenado a quedar en manos del próximo gobierno, si es que este decide retomarlo. La propuesta de Gustavo Petro sobre una posible mediación del Vaticano en futuros diálogos con el ELN no ha generado respuestas concretas ni por parte del gobierno ni del Vaticano, lo que deja dudas sobre la viabilidad del planteamiento.
Por otro lado, los procesos urbanos de paz, que en su momento mostraron resultados en ciudades como Buenaventura, están paralizados. Las negociaciones entre distintos grupos en Quibdó y Medellín no avanzan, mientras que nuevas propuestas lanzadas por Petro en Barranquilla generan incertidumbre sobre si responden a una estrategia o a una improvisación.
En cuanto a las disidencias de las Farc, el panorama no es alentador: las negociaciones con La Segunda Marquetalia están congeladas y las conversaciones con alias Iván Mordisco se han roto. Actualmente, el gobierno solo mantiene acercamientos con las disidencias del Frente 33 en Catatumbo y con los Comuneros del Sur en Nariño. Sin embargo, sin un marco jurídico sólido, las opciones se reducen al indulto, lo que plantea serias dudas sobre el rumbo de las negociaciones.
A la crisis de la Paz Total se suma una denuncia del expresidente Juan Manuel Santos, quien sostiene que el gobierno habría organizado las disidencias cuando Danilo Rueda era comisionado de paz, otorgándoles estatus político sin una estrategia clara. Esta revelación, que aún no ha sido respondida por el gobierno, refuerza la percepción de improvisación y falta de una política de seguridad estructurada.
Sin seguridad, sin un marco legal y con negociaciones fragmentadas, la viabilidad de la Paz Total se tambalea.
