La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP, señalándolos como máximos responsables regionales por el delito de secuestro.
«Durante la rueda de prensa, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora del Caso 01 sobre Secuestro, explicó que el Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC-EP logró consolidar su presencia en diversas regiones con el objetivo de controlar territorios. Entre las zonas mencionadas se encuentran el Catatumbo en Norte de Santander, Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar, el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio antioqueño y el occidente de Boyacá. Este despliegue territorial, según la JEP, estuvo marcado por estrategias de retención ilegal de personas y otras acciones que afectaron a las comunidades locales.»

Según los hallazgos del Caso 01, que investiga los secuestros perpetrados por la antigua guerrilla, la privación de la libertad se llevó a cabo bajo dos patrones: como mecanismo de financiación de su estructura armada y como estrategia de control territorial.

El Bloque Magdalena Medio operó en Santander y en diversas regiones de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. De acuerdo con el informe de la JEP, 189 víctimas, directas e indirectas, han señalado a esta estructura como responsable de sus secuestros.

Entre los hechos documentados destaca la acción conocida como «la despedida a Samper», mediante la cual decenas de candidatos y funcionarios fueron secuestrados con el fin de evidenciar un vacío de poder, afectando el normal desarrollo de la democracia.

Hasta la fecha, dentro del Caso 01, la JEP ha emitido seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas, en los que ha imputado como máximos responsables a 41 comparecientes de las extintas Farc-EP, entre ellos los mandos del Bloque Magdalena Medio.

El Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP fue una de las estructuras más activas de la guerrilla en Colombia, operando en regiones estratégicas como Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. Surgió del Frente 4, que comenzó sus actividades en 1967, y con el tiempo expandió su presencia territorial.

Este bloque jugó un papel clave en el conflicto armado, utilizando el secuestro como una estrategia para el control social y territorial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a varios de sus antiguos comandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, señalando que muchos de los secuestros perpetrados por esta estructura tenían como objetivo consolidar su dominio en diversas zonas del país.

«El Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC-EP contó con la dirección de varios comandantes clave a lo largo de su historia, quienes fueron fundamentales en su estructura y expansión territorial. Entre ellos se destacan Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, quien lideró la guerrilla hasta su desmovilización, y Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, quien tuvo un rol estratégico dentro del bloque. También sobresalen figuras como Erasmo Traslaviña Benavides (Jimmy Guerrero), Pedro Trujillo Hernández (Alberto Cancharina), Jairo Reinaldo Cala Suárez (Jairo Quintero o Jairo Mechas) y Fabio Gil Forero (Norbey Narváez). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a varios de estos excombatientes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en especial por el uso del secuestro como mecanismo de control territorial y presión política.»
Los crímenes de secuestro cometidos por el Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP dejaron implicaciones profundas en la sociedad colombiana. En primer lugar, las víctimas directas e indirectas han sufrido afectaciones emocionales, económicas y familiares que han perdurado más allá del conflicto. Además, las comunidades en las zonas donde operaba el grupo guerrillero fueron impactadas por la violencia y la restricción de libertades, generando miedo y desplazamiento. El tejido democrático también fue vulnerado, ya que el secuestro de líderes políticos y funcionarios afectó el normal desarrollo institucional y generó vacío de poder en algunas regiones. Por otro lado, los organismos de justicia y reparación, como la JEP, han asumido la tarea de esclarecer estos crímenes y garantizar verdad, justicia y reparación a quienes fueron afectados. Finalmente, la sociedad en general enfrenta el desafío de la memoria histórica y la construcción de garantías de no repetición, buscando fortalecer los procesos de reconciliación y la paz en Colombia.

Este proceso en la JEP marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio, se avanza en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsables. A medida que se desarrolla el Caso 01, la sociedad colombiana enfrenta el desafío de mantener viva la memoria histórica, garantizar la reparación de los afectados y fortalecer los mecanismos de no repetición, fundamentales para consolidar un país en paz.