En un giro inesperado dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó su renuncia irrevocable al cargo, argumentando intentos de injerencia en su gestión. La decisión, que será efectiva a partir del 1 de junio, marca un nuevo cambio en el equipo ministerial y deja interrogantes sobre la independencia de la cartera de Justicia.
En su carta de renuncia, Buitrago expresó su preocupación por presiones externas que, según ella, han comprometido la autonomía de su labor. “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, afirmó la ministra en el documento dirigido al presidente Petro.
Buitrago asumió el cargo en julio de 2024, tras la salida de Néstor Osuna, y durante su gestión impulsó programas como Entornos Seguros, Redes Justas y la promoción de casas de justicia. Sin embargo, lamentó que los recortes presupuestales hayan limitado el alcance de varias de estas iniciativas.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado quién asumirá el cargo tras la salida de Buitrago, mientras que sectores políticos y jurídicos han comenzado a reaccionar ante la denuncia de injerencias en el Ministerio de Justicia.
La rotación frecuente de ministros dentro de un gobierno puede generar inestabilidad institucional y afectar la continuidad de las políticas públicas, dificultando la implementación de proyectos a largo plazo. Cada cambio implica un período de adaptación, revisión de estrategias y ajustes en la ejecución de programas, lo que puede ralentizar la gestión y generar incertidumbre tanto en el aparato estatal como en la ciudadanía. Además, esta situación puede debilitar la confianza en el liderazgo gubernamental, proyectando una imagen de improvisación o conflictos internos que pueden afectar la percepción pública y la relación con actores nacionales e internacionales.
