La delicada situación financiera de los hospitales públicos en Colombia ha generado una alerta entre los gobernadores departamentales, quienes advierten sobre el riesgo inminente de colapso del sistema de salud. La crisis es atribuida a las crecientes deudas acumuladas por las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, una problemática que amenaza la estabilidad del sistema, particularmente en las regiones más vulnerables.

Según el documento enviado al Ministerio de Salud, nueve de las 29 EPS activas en el país han sido intervenidas desde 2023, afectando a un 54,7% de la población nacional. Las cifras reflejan un panorama preocupante: se estima que la deuda acumulada por las EPS podría superar los 17 billones de pesos en 2025, poniendo en riesgo la atención médica y la viabilidad de los hospitales públicos.

Ante esta emergencia, los gobernadores han solicitado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la implementación inmediata de un plan de contingencia que garantice la liquidez de la red hospitalaria. Entre sus propuestas se encuentran el diseño de un esquema especial para el pago de deudas, la revisión del marco normativo del sistema de salud y la asignación de recursos extraordinarios que permitan enfrentar la crisis con un cronograma definido.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los mandatarios regionales han reafirmado su compromiso de trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional en la protección del derecho fundamental a la salud. Su llamado busca evitar el colapso de las instituciones hospitalarias, esenciales para la prestación del servicio en las zonas más apartadas del país.

En Santander, la crisis hospitalaria se ha agudizado debido a las deudas acumuladas por las EPS con la red de hospitales públicos del departamento. Según datos recientes, la deuda total supera los 750.000 millones de pesos, afectando gravemente la operatividad de clínicas, laboratorios y centros médicos. El 52% de esta deuda corresponde al régimen subsidiado, mientras que el 13% proviene del régimen contributivo y otro 13% de la atención a población migrante. La falta de pagos oportunos ha generado una grave preocupación entre los prestadores de servicios de salud, quienes advierten sobre el riesgo de cierre de algunos servicios esenciales si no se implementan soluciones urgentes.

Las EPS han reconocido la crisis financiera del sistema de salud, pero su respuesta ha sido variada. Según informes recientes, algunas EPS han señalado que la deuda acumulada se debe a retrasos en los pagos del Gobierno y a la falta de un mecanismo eficiente de flujo de recursos.

Además, se ha reportado que, en promedio, las EPS solo pagan el 65% de los servicios que autorizan, dejando un 35% de facturas pendientes de pago. Esto ha generado una carga financiera insostenible para los hospitales públicos, afectando la calidad y continuidad de la atención médica.

Ante la presión de los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos, algunas EPS han manifestado su disposición a trabajar en un plan de pago estructurado, pero aún no se han definido medidas concretas para garantizar la liquidez de los hospitales.