Las cifras de homicidios bajo la modalidad de sicariato han registrado un preocupante incremento en Santander, especialmente en Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga. Según el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, los datos reflejan una tendencia al alza en los últimos tres años.
Durante 2024, se reportaron 235 asesinatos perpetrados por sicarios en el departamento, de los cuales 110 ocurrieron en el área metropolitana, y 65 de estos en Bucaramanga. Esta tendencia se mantiene en el primer trimestre de 2025, con casi 30 muertes violentas registradas en la capital santandereana, la mayoría de ellas bajo esta modalidad.
En 2023, los registros indican 170 homicidios por sicariato en Santander, de los cuales 68 se concentraron en el área metropolitana. Estos datos evidencian un crecimiento sostenido en el número de crímenes de sicariato en la región, lo que genera inquietud en las autoridades y la comunidad.
Frente a esta situación, organismos de seguridad y expertos en derechos humanos han instado a reforzar estrategias de prevención y control, con el fin de frenar la violencia y garantizar mayor seguridad en la población.
El aumento de sicariatos en Santander tiene un impacto significativo en la seguridad de la región, generando diversas preocupaciones entre las autoridades y la comunidad:
• Percepción de inseguridad: El incremento en homicidios bajo esta modalidad crea un ambiente de miedo y desconfianza, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos y la actividad económica en ciertas zonas.
• Desafíos para las autoridades: Las fuerzas de seguridad enfrentan el reto de contener esta tendencia, lo que implica reforzar estrategias de inteligencia, vigilancia y prevención del crimen organizado.
• Impacto en el tejido social: La violencia sostenida genera efectos negativos en la convivencia comunitaria, debilitando la confianza en las instituciones y aumentando la necesidad de programas de intervención social.
• Factores de riesgo asociados: El crecimiento del sicariato suele estar vinculado a disputas territoriales entre grupos criminales, problemas de narcotráfico y economías ilegales, lo que requiere un enfoque integral para su combate.
Para contrarrestar esta problemática, expertos en seguridad y derechos humanos han señalado la necesidad de fortalecer políticas públicas de prevención del delito, mejorar el acceso a oportunidades económicas y promover la denuncia ciudadana.
