Este miércoles, el presidente Gustavo Petro Urrego oficializó la promulgación de las leyes Ángel y Lorenzo, dos normativas clave que refuerzan la lucha contra el maltrato animal en el país. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con la participación de líderes políticos y defensores de los derechos de los animales.
Ley Ángel: penas más severas contra el maltrato animal
La Ley Ángel actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y endurece las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad. En Colombia, desde 2016, se han reportado más de 15.500 denuncias por maltrato, pero apenas el 1,4 % ha resultado en condenas.
El nombre de la ley honra a Ángel, un perro víctima de extrema crueldad en Boyacá, cuyo caso generó indignación y movilización ciudadana. Con esta nueva regulación, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas superiores a los 4 años de prisión, evitando que estos delitos sean excarcelables.
Además, las multas aumentarán significativamente:
• Lesiones graves: de 15 a 30 salarios mínimos.
• Muerte del animal: de 30 a 60 salarios mínimos.
También se aplicarán penas accesorias, como la prohibición de tener animales, la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas y la creación de un registro nacional de agresores, supervisado por la Fiscalía y la Policía.
Ley Lorenzo: mejoras en las condiciones de perros usados en seguridad privada
La Ley Lorenzo busca reemplazar progresivamente el uso de perros en vigilancia privada mediante tecnologías avanzadas y garantizar mejores condiciones de bienestar para aquellos que continúan en servicio. Inspirada en el caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en un centro comercial en Bogotá, esta iniciativa responde a denuncias de trato indebido a animales en seguridad.
El Ministerio TIC liderará el desarrollo de tecnologías para sustituir a los perros en tareas de defensa controlada. Además, la ley establece estándares estrictos para su bienestar, incluyendo tiempos mínimos de descanso, instalaciones adecuadas, alimentación de calidad y protección frente a condiciones adversas.
Entre sus disposiciones más relevantes:
• Edad máxima para servicio: se reduce de 8 a 6 años.
• Esterilización obligatoria: desde los 6 meses.
• Planes de retiro: las empresas deberán garantizar un destino adecuado para los perros al terminar su vida laboral.
• Supervisión estricta: las empresas deberán instalar cámaras de vigilancia en caniles y puestos de trabajo.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las entidades territoriales serán responsables de hacer cumplir estas regulaciones.
Llamado a la denuncia
Con estas leyes, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso con la protección de los animales. Se insta a la ciudadanía a denunciar casos de maltrato ante las autoridades competentes, contribuyendo a la aplicación efectiva de estas normativas y a la defensa de los derechos de los animales en Colombia.
