Mediante la realización de seis diligencias de registro y allanamiento en los barrios María Paz, Porvenir, La Victoria y la vereda Agua Negra de Bucaramanga, se logró la captura de ocho (8) personas por los delitos de: concierto para delinquir con fines extorsivos, hurto calificado, extorsión y receptación agravada, así mismo la captura en flagrancia de dos (2) personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Durante 12 meses con diferentes actividades de policía judicial y técnicas especiales de investigación criminal se adelantaron para lograr las ordenes de capturas. Estos delincuentes quedaron evidenciados en diferentes cámaras de seguridad durante la comisión de los hurtos motocicletas.
El actuar delincuencial consistía en recorrer las calles en binomios en una motocicleta o vehículo, por los diferentes barrios del área metropolitana de Bucaramanga en búsqueda de sus víctimas y una vez localizan la motocicleta a hurtar, desciende el tripulante y se acerca mientras el otro vigila para no ser detectados por el propietario o las autoridades.
El siguiente paso que realizan los haladores es en romper los seguros de la dirección del velocípedo, seguidamente realizan una conexión directa en los cables del switch de la motocicleta, utilizando una herramienta modificada por ellos mismos tipo “pinza, t o ganzúa”, logrando encender directamente la motocicleta.
En los casos donde no es posible encender la motocicleta, el delincuente de la otra motocicleta con la cual cometen el hurto, se hace atrás de la motocicleta hurtada y con el pie se apoya sobre uno de los posa pie y la empujan, este procedimiento se denomina taconeo.
Es así como una vez la logran sacar del sitio donde la dejo el propietario la llevan hasta lugares denominados caletas que previamente ya han acordado y tienen todo preparado para que cuando llegue la motocicleta hurtada sea escondida de manera rápida, recibiendo ganancias por esta actividad entre $ 80.000 y $ 150.000.
Posteriormente con la colaboración de otros integrantes conocidos como intermediarios quienes tienen los contactos para localizar a los propietarios de los velocípedos hurtados, para coordinar la exigencia económica, con quienes negocian el precio por el mal denominado rescate, dependiendo de la marca, cilindraje, modelo y estado de conservación del rodante que oscila entre $ 1.000.000 y $ 3.000.00, los cuales utilizan un lenguaje agresivo y amenazante indicando que si no entregan el dinero exigido desguazan o desaparecen el velocípedo.
Además, con la amenaza de que si llegan a informar a las autoridades, y en los casos donde no se concretó la ejecución de la extorsión, proceden a desguazar las motocicletas y comercializan las autopartes en los talleres de dudosa reputación; o de lo contario proceden a regrabar el número del chasis, motor y cambiar la placa de las motocicletas para ser comercializadas como si estuvieran legales, a compradores incautos, con la finalidad de acumular beneficios económicos a través de la comisión de cada uno de estos delitos.
Las rentas criminales de «los de la paz» superan los 80 millones de pesos mensuales.
