Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional de Santander permitieron que un juez condenara a Flor María Rangel Guerrero a 8 años de prisión y a Héctor Murillo a 7 años y 9 meses de prisión, exdirectores de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).
Dichas condenas se dieron por irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2011, que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
El contrato fue adjudicado con una unión temporal por un valor superior a 3.400 millones de pesos. Durante la ejecución se giró el 90 % del monto total, equivalente a $ 3.075 millones, sin que se hubiera cumplido con el 50 % del objeto.
Además, esta contratación no contaba con los estudios previos, ni se nombró una interventoría pese a que se trataba de una importante suma de dinero.
Se evidenció que Oscar Pereira, supervisor de contrato, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Estas tres personas fueron halladas responsables de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los condenados apelaron la condena proferida por un juzgado de conocimiento de San Gil (Santander).
