Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI/ICE), permitió impactar el componente estructural y el patrimonio de una red delincuencial señalada de transportar ilegalmente migrantes durante el último año.
La organización sería la responsable de mover ciudadanos africanos, asiáticos, cubanos, haitianos y venezolanos que ingresaban irregularmente al país, desde Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander) hasta Necoclí (Antioquia); y de la zona fronteriza con Venezuela hasta puntos limítrofes con Ecuador.
Los traslados se realizaban en buses que pertenecerían a integrantes del grupo ilegal, y con el acompañamiento de motociclistas o ‘moscas’ que brindaban seguridad y alertaban sobre la presencia de las autoridades en la vía.
En algunas oportunidades, también mediaba el pago de dadivas a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el paso, y la obtención de documentos de identidad y permisos migratorios falsos para los extranjeros.
Por estos hechos, fueron capturadas nueve personas, que harían parte de la red criminal, en diligencias realizadas en Ipiales y Pasto (Nariño), Neiva (Huila), Maicao (La Guajira), Soledad (Atlántico), Santander de Quilichao (Cauca) y Bucaramanga (Santander).
Los detenidos estarían involucrados en cinco eventos distintos en los que fueron transportados ilegalmente 229 migrantes, 7 de ellos menores de edad.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Los cargos no fueron aceptados.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento. Seis de ellos en centro carcelario y tres conductores en su lugar de residencia.
Golpe al patrimonio
Simultáneamente al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medias cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes e inmuebles que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes.
Las propiedades, avaluadas en más de 2.367 millones de pesos, fueron ocupadas en procedimientos realizados en Nobsa (Boyacá), Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Villa del Rosario (Norte de Santander), Sibaté (Cundinamarca), La Virginia (Risaralda), Ipiales y Pasto (Nariño).
