Aún hay muchos pendientes para reconocer los derechos de las víctimas en el país, razón por la cual la temporalidad o vigencia del periodo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- no puede ser un imperativo que limite la consecución de ese objetivo.

Esa fue la principal conclusión del panel ‘La materialización de la centralidad de las víctimas: una prioridad de la Procuraduría General de la Nación’, que abrió las conferencias y actividades del III Congreso de Justicia Transicional, organizado por el órgano de control, en Pereira.

En este primer panel intervinieron el presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, Héctor Olasolo Alonso; el magistrado de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, Pedro Mahecha Ávila; el profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Sabana, Santiago Ramírez Jaramillo; y la directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Julia Adriana Figueroa, con la moderación del Procurador delegado ante la JEP con funciones de coordinación, Jairo Acosta Aristizábal.

Durante el conversatorio, el presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, Héctor Olasolo Alonso, precisó que a la JEP hay que pedirle lo que puede realizar de acuerdo con su mandato, y no se le pueden demandar transformaciones de diversa índole que dependen de terceros, “porque va a ser un error y porque no las va a poder llevar a cabo”.

Para Olasolo es muy importante tener en cuenta que es clave y central, desde el punto de vista de los intereses de la víctima, que estas tengan una participación real en el proceso y claridad sobre el desarrollo de este, y con esos dos ingredientes determinar cuáles van a ser los procedimientos a seguir en sus casos.

Por su parte, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, sostuvo que las víctimas deben contar con un acceso efectivo a la justicia, aunque precisó que para cumplir esa meta no se pueden revictimizar bajo la idea de promesas irrealizables y de ofrecer transformaciones que ni el modelo ni el sistema está en capacidad de hacer.

“Todos los días como Procuraduría pedimos que se atiendan más y más espacios en donde se visibilice el fenómeno de la macro – victimización, entendemos que, a hoy, el sur del país no está suficientemente comprendido en estos propósitos”, precisó Acosta.

La directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Julia Adriana Figueroa, indicó que lo que las víctimas no deben dejar de hacer es exigir a partir del aprovechamiento de las herramientas que existen actualmente en el país, “pues es la forma como podrán lograr la materialización de sus derechos”, sostuvo.

Por su parte el magistrado de la JEP, Pedro Mahecha, sostuvo que la seguridad jurídica para garantizar la igualdad de las víctimas se debe lograr a partir de consensos, que en su opinión se pueden y se van a lograr, mientras que el profesor de la Universidad de la Sabana, Santiago Ramírez, dijo que las expectativas de las víctimas se pueden cumplir a través de acuerdos que partan del reconocimiento de las víctimas como eje central del proceso, “escuchándolas y atendiéndolas”, puntualizó.