La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un llamado contundente a aunar esfuerzos por la protección de los defensores ambientales y pidió a la Corte Constitucional ratificar el Acuerdo de Escazú.
Frente a las recientes cifras de Global Witness, que revelaron que en el 2022 fueron asesinados 60 defensores de la tierra y el medioambiente en el país, declaró:
“Lamentamos el asesinato de estos 60 defensores ambientales. Es una cifra realmente vergonzosa para el país. Y esperamos que podamos ir revirtiendo esta realidad con la implementación del Acuerdo de Escazú y los Puestos de Mando Unificado para la Vida”, aseguró Muhamad.
Es fundamental la ratificación por parte de la Corte Constitucional del Acuerdo de Escazú. “Si bien ya estamos implementando muchos de esos aspectos, que ya sea una ley en firme de la República nos apoyaría mucho en esta necesidad de proteger a los defensores ambientales”, reiteró.
Al sancionar la ley del Acuerdo de Escazú, el 5 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro destacó que este instrumento garantizará la protección de los líderes ambientales y el acceso a información de este sector como un derecho fundamental
“Esta es una ley, y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía, en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida”, subrayó el mandatario.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta única, firmada por 24 países, que fortalece las capacidades y la cooperación de la ciudadanía a través del diálogo social y la transparencia en la información ambiental.
“Desde el Ministerio de Ambiente buscamos reconocimiento, acompañamiento y resarcir ese rol del defensor ambiental en las comunidades, que sea su primera protección, así como la hoja de ruta de derechos humanos que hemos implementado y a la cual muchos de ellos ya han acudido”, recalcó la ministra Muhamad.
Esta cartera también adelanta una estrategia de control social ambiental y de veeduría ciudadana en los territorios, así como en la activación de rutas para la protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
