La Procuraduría General de la Nación abrió dos nuevas investigaciones contra la exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández López, por presuntas irregularidades en la suscripción de dos convenios de asociación con la Fundación de Trabajadores para el Desarrollo Social y Pacto para el Empleo de las Comunidades (Funsocial), por valor de $ 2.746’108.664.
En el primer contrato del 2021 por $ 654’108.664, que también involucra a la profesional, Leticia Salazar Santamaría, quien para la época de los hechos fungió como supervisora, se investigan presuntos sobrecostos en la compra de artículos para los ganadores del concurso departamental de mitos, cuentos y leyendas.
El ente de control investiga si, según lo denunciado por medios de comunicación, se habrían comprado 174 juegos de parqués que habrían sido pagados a $ 795.200 cada uno; 42 tablet por valor individual de $ 2’090.450, y 28 computadores de 14” a $ 4’850.000 cada uno, para premiar a los participantes que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto.
En un segundo bilateral suscrito en el 2022, por valor de $ 2.092’000.000, de los cuales habrían sido aportados por la gobernación $ 1.460’000.000 y por Funsocial $ 632’000.000, el órgano de control investiga si esta fundación contaba con la capacidad económica para respaldar el valor de sus aportes, y con la experiencia suficiente para ejecutar contratos por cuantías superiores a los $ 2.000 millones.
Además, si de acuerdo con la denuncia de un diputado, en el negocio jurídico financiado con recursos públicos para adelantar la logística de la estrategia ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’, Funsocial habría falsificado información acerca de su lugar de domicilio, sin que la Secretaría de Cultura y Turismo hubiese ejercido inspección y vigilancia al cumplimiento de las formalidades contractuales.
Esta investigación también cobija a la funcionaria, Yexica Nataliza Ardila Ruiz; y a la exfuncionaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, quienes asumieron la supervisión del convenio de asociación.
Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si las implicadas actuaron al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad frente a los hechos denunciados, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, en ambos casos.
