En el balance que ilustró sobre el comportamiento del sector desde el 2018 hasta 2022, se confirmaron datos, como la sistemática, ya metódica y persistente forma de evadir sus compromisos por parte de las Empresas Promotoras de Salud, en muchos casos, bajo la mirada indiferente de los organismos de control del estado en vigencias anteriores en donde se denunciaron este tipo de irregularidades.
“Logramos establecer que del 100% de los servicios que autorizan las EPS a nuestros cerca de 930 hospitales de la red pública nacional, durante los últimos cinco años, solo han pagado, en promedio, el 65% de las facturas, dejando vencer, glosando, reclamando y en general, dilatando el restante 35%, lo que se traduce en cuentas que se envejecen y se convierten de difícil recaudo”, explicó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de ACESI (Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos).
Ante cientos de gerentes de ESE, explicó que lo anterior se traduce en que las EPS en 2018 dejaron de pagar $4,76 billones; en 2019 $4,97 billones; 2020 $4,42 billones; 2021 $5,54 billones, y el año pasado no pagaron $5,37 billones, siendo el periodo más moroso de los últimos cinco años.
La cartera total a marzo de 2023, de las EPS con los hospitales a cargo del estado llegó a $10,9 billones. La campeona del no pago es la Nueva EPS con una deuda superior a $933 mil millones, le siguen Emsanar con más de $495 mil millones; Asmet Salud con más de $450 mil millones; Comparta con más de $277 mil millones, Savia Salud con más de $287 mil millones, entre otras.
Tampoco contratan lo que las obliga la ley
La directora de ACESI Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, denunció que otro de los incumplimientos de las EPS se remite al nivel de contratación de servicios obligatorios, dentro del marco del régimen subsidiado, cuya norma les exige desde el 2007, a que, del total de los recursos destinados para esta población en Colombia, se contrate con la red pública hospitalaria el 60%, “pero eso no ocurre, nuestras cifras indican que esas empresas solamente están contratando en promedio el 39%.
El resto lo hacen con los privados, no solamente violando la ley, sino de paso, desfinanciando a los hospitales públicos que, con el actual modelo de tener la obligación de salir a vender servicios para poder subsistir, les quita a las empresas sociales del estado la posibilidad de mayores ingresos”, dijo.
Pero este incumplimiento no es nuevo. Desde el 2018, la disminución de los niveles de compra de servicios a los hospitales públicos en el subsidiado es más que incuestionable: ese año se contrató el 43% del total de los dineros; en 2019, el 40%; en el 2020, 35%; en 2021, el 39%, y el año pasado solo 38%.
