Fiscales de un grupo de tareas especiales recaudaron el material probatorio que demostraría la responsabilidad penal de Nicolás Fernando Petro Burgos y su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez Castro en varios delitos, informó la entidad.

De manera voluntaria los hoy procesados anunciaron a la Fiscalía su voluntad de colaborar con la justicia y brindar información relevante que conduzca a una terminación anticipada del proceso judicial.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino”, aseguró Nicolás Petro Burgos.

Esta manifestación fue ratificada por el abogado José David Teleki: “Mi defendido y su bancada de defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la administración de justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos e involucramiento de otros sujetos que no son conocidos por el ente instructor y en ese camino ayudaremos a la administración de justicia”.

La Fiscalía pudo evidenciar que Daysuris Vásquez Castro al parecer, recibió y encriptó en su dispositivo celular información personal de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Fernando Petro Burgos, lo que representa una violación a la intimidad de la mujer.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará este jueves 3 de agosto del presente año.

Esta propuesta de aplazamiento fue aceptada por la Fiscalía: “Se le conceda, su señoría, este término prudencial en aras de recolectar una información como ha ofrecido el señor Nicolás Fernando Petro Burgos por esos días, y también ya es de conocimiento de esa situación porque va a ser corroborada con la señora Daysuris, frente a su participación activa como lo ha reconocido el señor Nicolás, y posteriormente unos nuevos hechos y nuevas conductas frente a otras personas que en realidad estén involucradas en estos hechos de marcada corrupción nacional” destacó el fiscal del caso Mario Andrés Burgos Patiño.

La Fiscalía le imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y para Vásquez Castro le formuló imputación por lavado de activos y violación de datos personales.

Los peritos fiscales, contables y financieros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al realizar estudio de declaraciones de renta, certificados de pagos neto de la Asamblea del Atlántico, extractos bancarios y revisión de otros documentos públicos, advirtieron un desbalance de ingresos y gastos realizados por Petro Burgos. Lo que significaría que tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público.

Es así, que para el 2022 los ingresos por la actividad profesional del hoy investigado, como diputado de la Asamblea del Atlántico, y reportados en su cuenta de ahorro, eran de 280 millones de pesos y no se tiene registro de otra actividad que represente un recurso adicional, pero se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos, por lo tanto, existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos.

El dinero que se considera enriquecimiento ilícito, habría sido invertido por la pareja en el pago mensual del arriendo de un apartamento y una casa; la compra de un apartamento y de una mansión en un municipio del Atlántico; la compra de un vehículo último modelo, y de artículos de lujo de marcas internacionales. El material probatorio da cuenta que algunos de estos bienes fueron puestos a nombre de terceros para ocultar al verdadero titular.