La Defensoría del Pueblo alerta sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Tibú, Norte de Santander, donde la violencia armada impacta de forma diferenciada a niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y población migrante.
La confrontación entre grupos armados ilegales continúa deteriorando la vida de la población civil en Tibú, municipio que registra el mayor número de casos de reclutamiento forzado de menores en Norte de Santander: 35 hasta julio de este año, con posible subregistro. Las víctimas son principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan riesgos de uso y utilización por parte de actores armados.
La situación también ha obligado a suspender clases presenciales desde enero en zonas rurales como 20 de Julio y Campo Seis, debido a la presencia de artefactos explosivos cerca de las escuelas. A esto se suma el uso de violencias basadas en género como mecanismo de control territorial, con denuncias de abuso sexual contra niñas menores de 14 años, imposición de “parejas forzadas” y trata de personas, especialmente contra mujeres migrantes venezolanas en áreas urbanas y rurales.
Los pueblos indígenas Barí (resguardos Catalaura y Motilón Barí) y la comunidad binacional Yukpa enfrentan restricciones a su movilidad ancestral y la imposición de normas externas. También se reportan amenazas y estigmatización contra lideresas, líderes sociales y dignatarios de juntas de acción comunal, señalados como “paraelenos”. La población migrante venezolana, que supera las 22.000 personas en el municipio, continúa expuesta a múltiples formas de violencia y exclusión.
Escalada del conflicto y llamado urgente a la acción
La Defensoría del Pueblo advierte que la crisis muestra signos de expansión territorial hacia municipios vecinos del Catatumbo como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama, así como hacia zonas limítrofes y corredores estratégicos. Existe además el riesgo de reaparición de otros actores armados en la región.
Ante este panorama, la entidad insta al Ministerio del Interior, en su rol de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a activar de forma urgente las 20 recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI). Se requiere una respuesta articulada, con enfoque diferencial, que incluya:
• Desarticulación de los grupos armados ilegales que generan riesgo.
• Implementación de planes de protección colectiva para pueblos indígenas y liderazgos sociales.
• Asignación de recursos para el desminado humanitario, especialmente en zonas escolares y caminos veredales.
La Defensoría subraya que el Estado debe garantizar una presencia institucional efectiva, con planes de acción financiados y una respuesta rápida y coordinada para proteger integralmente a la población civil de Tibú.
