Mientras el gobernador insiste en que Santander está libre del accionar de grupos armados ilegales, un hecho ocurrido en la Provincia de Soto Norte pone en duda esa afirmación y revive los fantasmas de los años más oscuros del conflicto.

La mañana del jueves 6 de noviembre de 2025, en el sector Villa Fabio del corregimiento de Berlín, municipio de Tona, hombres armados interceptaron un camión repartidor de cervezas de la empresa Bavaria. Según el testimonio del conductor, los sujetos se movilizaban en motocicleta, lo obligaron a descender y sin mediar palabra, incendiaron el vehículo en plena vía.

El automotor quedó reducido a chatarra. El conductor, proveniente de Bucaramanga, logró ponerse a salvo y alertar a las autoridades. La Policía Nacional de Santander desplegó un equipo de investigación e inteligencia para verificar los hechos, identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.

Este ataque ocurre en una zona históricamente golpeada por el accionar del ELN, que en la década de los 90s dominaba la Provincia de Soto Norte, imponiendo miedo y control territorial. Aunque en los últimos años se ha hablado de una “pacificación” del departamento, este hecho pone en entredicho la narrativa oficial.

¿Está realmente Santander libre de grupos armados ilegales?

La afirmación del gobernador contrasta con los hechos. Aunque no se ha confirmado la autoría del ataque, el modus operandi —interceptación en vía rural, intimidación armada, incineración de vehículo— recuerda prácticas de grupos armados ilegales, especialmente en zonas donde el Estado ha tenido presencia intermitente.

Tres alertas que no deben ignorarse:
• La zona del ataque no es aleatoria. Berlín está cerca del Páramo y de rutas estratégicas para el transporte y la economía local. Su vulnerabilidad puede ser aprovechada por actores ilegales.
• El silencio institucional preocupa. Más allá del comunicado policial, no ha habido pronunciamiento claro sobre si este hecho representa una amenaza estructural o un caso aislado.
• La memoria histórica exige vigilancia. Soto Norte no puede volver a ser tierra de nadie. La ciudadanía merece garantías, no discursos tranquilizadores que ignoran la realidad.

Las autoridades no pueden bajar la guardia. La seguridad no se decreta, se construye con presencia estatal, escucha comunitaria y acción preventiva. Bucaramanga y sus provincias no deben volver a vivir bajo la sombra del miedo.