La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios entre la Gobernación y el Canal TRO, durante su administración (2020–2023).
Según el alto tribunal, Aguilar es señalado como probable coautor de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Los convenios, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales, ascendieron a más de $8.000 millones: uno por $2.700 millones y otro por $5.800 millones.
La acusación marca el inicio del juicio oral, en el que se definirá la responsabilidad penal del exmandatario. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema sostiene que existe material probatorio suficiente para demostrar la comisión de los delitos.
Por su parte, el abogado defensor Pedro Nel Escorcia Castillo aseguró que demostrará la inocencia de su cliente, argumentando que los convenios se ajustaron a la normatividad vigente y cumplieron fines institucionales legítimos.
“Confiamos en que el juicio permitirá esclarecer los hechos y desmontar las imputaciones infundadas que hoy pesan sobre el exgobernador”, expresó Escorcia Castillo.
