La conflictividad social en Colombia continúa en ascenso. Según el más reciente informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año se registraron 1.834 eventos, lo que representa un incremento del 6% frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1.730 casos.
Estos hechos se distribuyeron en 395 municipios de los 32 departamentos del país y la capital, con mayor concentración en Bogotá (12%), seguida por Valle del Cauca y Bolívar (6%), y Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5%). Otros departamentos como Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira reportaron participaciones del 4%, mientras que el resto del país osciló entre el 1% y el 3%.
Departamentos con mayores incrementos
Los aumentos más significativos se observaron en Amazonas y Putumayo, ambos con un crecimiento del 100%. En Amazonas, los conflictos giraron en torno al transporte, garantías educativas para estudiantes del SENA y recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia. En Putumayo, diversas organizaciones declararon asamblea permanente ante lo que consideran un abandono estatal.
Otros departamentos con incrementos notables fueron Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%).
La seguridad en el departamento de Santander ha mostrado avances significativos gracias a la implementación de la estrategia de Acción Unificada, liderada por el gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus. Bajo este enfoque, todos los mandatarios municipales, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, las personerías y demás estamentos del Estado, han logrado consolidar un frente común que habla el mismo lenguaje frente a la criminalidad. Esta coordinación interinstitucional ha permitido cerrar espacios a los grupos insurgentes y estructuras delincuenciales, fortaleciendo la presencia estatal en el territorio y generando condiciones más seguras para la ciudadanía.
Motivos de inconformidad
Los conflictos más recurrentes estuvieron relacionados con el incumplimiento de acuerdos de paz, especialmente por parte de firmantes que exigieron garantías de seguridad y apoyo en proyectos productivos para su reintegración.
También se registraron demandas por derechos laborales, educación, salud, condiciones carcelarias, inversión estatal y, de forma alarmante, por la garantía de derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la libertad.
Estos últimos aumentaron en un 115%, impulsados por la grave crisis humanitaria en varias regiones, el accionar de grupos armados ilegales y hechos de violencia política como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
El derecho a la salud también fue foco de protesta, con un incremento del 86% respecto al primer semestre de 2024.
Formas de manifestación
La mayoría de los eventos se desarrollaron de forma pacífica. Los plantones (41%) y bloqueos de vías (39%) fueron los mecanismos más utilizados, seguidos por marchas (6%), paros (2%) y otras formas de protesta (12%). De hecho, los disturbios y acciones violentas disminuyeron en un 36%, lo que refuerza el carácter cívico de las movilizaciones.
Llamado urgente al diálogo
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado al Gobierno nacional y autoridades territoriales para que mantengan abiertos los canales de diálogo con los actores sociales. En el primer semestre, la entidad facilitó 147 espacios de conversación en 22 departamentos y Bogotá, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos.
La institución recomienda fortalecer la escucha activa, privilegiar la palabra como herramienta de transformación y establecer mecanismos de seguimiento riguroso a los acuerdos firmados con comunidades y organizaciones. Solo así, advierte la Defensoría, se podrá prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.
