El Ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, envió una carta a ocho organismos internacionales en la que informa sobre “las graves violaciones a los derechos humanos en contra de miembros de la Policía Nacional, en el marco del paro que se ha presentado en el país desde el pasado 28 de abril”.

“Hago un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de nuestra Fuerza Pública, los cuales son vulnerados en una situación en la que están en cumplimiento de su mandato constitucional de preservar el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”, manifestó.

La carta fue enviada a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, la división de Human Rights Watch para las Américas, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Molano subrayó que, “en acatamiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado colombiano, la Policía Nacional es firme frente a su compromiso con la protección y la promoción de los derechos a la reunión, a la manifestación pública y pacífica, así como en asegurar los bienes jurídicos que permiten su ejercicio”.

Agregó que, en medio de las manifestaciones públicas y pacíficas, “ha sido evidente que se han presentado actos de vandalismo y hechos criminales en diferentes regiones del país, generando agresiones a la integridad de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública y afectaciones directas a los bienes públicos y privados, el bloqueo de vías y la comisión de actos violentos”.

Advirtió que “no se debe desconocer que uno de los factores que ocasionan este tipo de violencia son la vinculación por parte de grupos al margen de la ley, con el propósito de alterar el orden público, tal como se ha evidenciado en los casos, donde con armas convencionales y no convencionales se conculcaron los derechos nuestros uniformados”.

En el documento, el Ministro de Defensa presentó una relación detallada de casos registrados desde el 28 de abril, que configuran una violación contra los derechos fundamentales de varios miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Agregó que las acciones de las cuales han sido víctimas los uniformados “han estado caracterizadas por el desarrollo de una estrategia de desestabilización institucional y comportamientos colectivos que han superado los límites de la legalidad, el derecho a la manifestación pública y pacífica”.

Y recalcó que esos casos descritos “configuran una violación al ordenamiento internacional sobre la protección a los derechos humanos, la Constitución Política de Colombia y el ordenamiento penal colombiano”.

El titular de la cartera de Defensa reiteró “el compromiso firme y fehaciente del Sector Defensa para apoyar en todo lo que sea necesario a efecto que las investigaciones avancen con celeridad y arrojen resultados contundentes”.

Por último, confió en que “estos hechos sean considerados como parte de los informes periódicos” que elaboran las organizaciones defensoras de los derechos humanos.