La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, rechazó la solicitud de alias Iván Mordisco, comandante del grupo ilegal Disidencias de las Farc, acerca de que en algunas regiones del país se impida el ingreso de las Fuerzas Militares y la Policía y sean las guardias indígenas, campesinas o Cimarronas, quienes ejerzan en control del orden público durante las elecciones del próximo 29 de octubre.

“Rechazamos esas pretensiones y hacemos eco de las solicitudes de las mismas comunidades sobre que sean nuestras Fuerzas Militares y de Policía quienes ejerzan su deber constitucional de garantizar el orden público y los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional. No puede haber lugares vedados para la Fuerza Pública en Colombia”, aseguró la Procuradora.

Durante reunión sostenida en su despacho con altos mandos militares y de Policía, el Defensor del Pueblo y el director de la UNP, para conocer de primera mano el dispositivo de seguridad previsto para atender los comicios del próximo 29 de octubre y verificar su preparación ante posibles perturbaciones previas y posteriores a las elecciones, la jefe del Ministerio Público recibió un parte de tranquilidad sobre el avance de los planes de seguridad electoral.

La Procuradora y su equipo presentaron el mapa sobre los hechos de violencia y constreñimiento electoral que viene ocurriendo en el país entre amenazas, secuestros, asesinatos, masacres y extorsiones, que, según la Misión de Observación Electoral, MOE, se han incrementado en más de 100 % durante los últimos cuatro meses.

La respuesta de los comandantes de la Fuerza Pública fue categórica asegurando que enviaron al Comisionado de Paz del Gobierno un documento de respuesta a la solicitud de alias Iván Mordisco, rechazando este punto y ratificando que cumplirán al 100 % su deber de garantizar la seguridad y el orden público en todo el país.

“Nuestra misión constitucional es garantizar que estos grupos no hagan presencia en cabeceras municipales ni en centros poblados, ni en vías principales, secundarias, terciarias, aéreas, fluviales o marítimas y la cumpliremos al pie de la letra”, aseguró el general, Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares.

Frente a las denuncias sobre sitios como la vereda El Plateado, en donde según denuncias y videos publicados por medios de comunicación, las disidencias tienen el control y no permiten el ingreso de Fuerza Pública, los comandantes aseguraron que adelantan una operación para retomar el control en este y otros puntos críticos, sin arriesgar la vida de la población civil y de sus hombres y que esto se logrará antes de los comicios.

Por su parte, los comandantes de la Policía Nacional aseguraron que harán presencia en 59.7 % de las mesas con más de 79 mil policías. Otros 8.000 efectivos de policía judicial se encargarán de investigar delitos electorales como constreñimiento y compra de votos, que incluirían seguimiento al dinero, con el apoyo de la Fiscalía, la UIAF y las Fuerzas Militares.

Frente a posibles afectaciones al orden público posteriores a las votaciones, la Procuraduría solicitó activar, en paralelo con los PMU nacionales, el protocolo de verificación de capturas y traslados durante la protesta social, ordenado por la ley, para lo cual la entidad cuenta con 350 procuradoradores judiciales y un robusto sistema de información en tiempo real que permitirá a la opinión pública conocer la identidad y lugares a los que sean trasladados de manera preventiva los manifestantes por parte de las autoridades en caso de que se presenten disturbios.