El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República dos proyectos de ley que establecen los principios y las reglas para dar vida a la Jurisdicción Agraria y Rural en el país que reconoce a los campesinos de Colombia como sujetos de derecho.

Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Agricultura encargada, Aura María Duarte, radicaron ante la Secretaría General del Senado los dos proyectos de ley que buscan avanzar en el objetivo de saldar la deuda del Estado colombiano con las comunidades campesinas, étnicas y rurales.

La reglamentación de la reforma constitucional que dio vida a la nueva competencia judicial presentada al Congreso para su discusión fue diseñada por el Ministerio de Justicia, junto con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Uno de los proyectos brinda herramientas para la asignación de presupuesto, el nombramiento de jueces, la adecuación sedes, la creación de tribunales, juzgados y distritos judiciales agrarios y rurales con el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo. Además, establece con claridad las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La otra iniciativa, de carácter estatutario, propone instaurar una regulación procesal, autónoma y especial, para los asuntos agrarios y las relaciones que se construyen alrededor de la tierra.

Contiene también disposiciones relacionadas con la integración y estructura de la nueva jurisdicción y el lugar que ésta ocupa en la integración de la Rama Judicial, entre ellas el cambio de nombre de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolo por el de Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

El Ministerio de Justicia justificó en su exposición de motivos que el impacto fiscal para el país de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural se compensa con una disminución de la conflictividad social, una mejora de las condiciones para la productividad del campo, la reducción en los factores generadores de violencia y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los y las habitantes rurales.

Los conflictos agrarios y rurales –señalan los proyectos de ley– deben ser decididos de manera integral, para que resuelva todas las controversias sobre los predios rurales o las relaciones agrarias en cuestión.

Los puntos más relevantes

Implementa un procedimiento especial agrario, diseñado para agilizar los procesos que ingresen a esta jurisdicción, con la expectativa de reducir el tiempo de solución de los casos a tan solo 3 o 4 meses.

Aumenta de 31 a 33 los magistrados del Consejo de Estado. Los dos miembros adicionales serán ubicados en la Sección Primera de ese alto tribunal.

En la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia se crean siete despachos nuevos para atender los casos relacionados con la nueva competencia judicial.

A nivel nacional se abren cinco tribunales Agrarios y Rurales en todo el territorio nacional y 32 juzgados de circuito, incluyendo la posibilidad de que en cada juzgado exista un juez adjunto de conformidad con las necesidades del servicio.

Crean las figuras de jueces y magistrados de apoyo itinerantes, para apoyar los despachos y evitar la congestión de expedientes, y la de facilitador agrario y rural, con la función de brindar orientación a los usuarios en un lenguaje claro para acceder al proceso especial agrario.