La población adulta mayor, habitantes de calle, mujeres víctimas de la violencia, grupos étnicos, población migrante y población con discapacidad, dada la disposición a ser vulnerables en esta situación de pandemia por Covid-19, debe ser atendida por parte de las EPS e IPS en todo el territorio nacional.

Para el caso de población mayor de 70 años, la orden nacional priorizó la atención domiciliaria, la entrega de medicamentos en el hogar, entre otras medidas que permita cuidar la salud del adulto mayor.

Asimismo, se tiene en cuenta para que sean atendidos a personas con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento. “Se les asegurará la atención ambulatoria durante la emergencia sanitaria por Covid-19”, precisa la medida nacional.

Serán las entidades territoriales, EPS, IPS públicas y privadas, las responsables para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento de esta población, según se estableció en la Resolución 521 de 2020.

Atención a habitantes de calle

Para el caso de los habitantes de calle, se tienen en cuenta acciones por parte de los entes territoriales como identificación y monitoreo de las zonas de concentración, fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos, como también procurar albergues e identificar el aseguramiento en salud.

Sobre el apoyo que se debe brindar a mujeres víctimas de la violencia el Gobierno Nacional otorgó $ 14 mil millones a departamentos y distritos para que las mujeres y sus hijos accedan a casas de paso, refugio, alimentación y transporte para que se mantengan alejadas del victimario.

En cuanto a población migrante en su mayoría de Venezuela, también se cuenta con lineamientos como es la garantía del aseguramiento en salud y atención a urgencias para quienes están en condición irregular sin PEP, como otras medidas que procuraran priorizar albergues, vigilancia epidemiológica comunitaria y esfuerzos con organismos internacionales.

Por último, y uno de los grupos vulnerables de mayor prioridad, es la población con discapacidad, quienes tienen también garantizada la atención en salud por parte de las EPS e IPS, priorizando la atención domiciliaria para los pacientes crónicos e inmunodepresivos.