En Control Político al Ministerio de Salud en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en el marco de la crisis financiera del sistema de salud, la congresista Cathy Juvinao reveló cifras preocupantes sobre el manejo que el ministerio le está dando al presupuesto de la cartera para 2024, y que revelarían una intención de materializar una ‘crisis explícita’.

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, reveló este miércoles preocupantes hallazgos frente al manejo de los recursos destinados al sistema de salud, que generan serias dudas frente a la administración de la cartera y develarían una intención deliberada de desfinanciamiento. La representante Juvinao denunció que el Ministerio de Salud y Protección Social desconoció las recomendaciones técnicas del entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, en lo concerniente al ajuste de la UPC y la destinación de parte de estos recursos a equipos extramurales.

En acta del 29 de diciembre de 2023, consta que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo solicitó a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, que se acogiera un aumento de la UPC muy por debajo de la inflación (6,71% de ajuste y 2,26% de actualización), aun cuando ningún gobierno en el pasado había optado por un decrecimiento —en términos reales— de la UPC.

En el debate, Juvinao reveló un acta hasta hoy desconocida por la opinión pública, en la que consta que el Dr. González no solo se opuso al ajuste de UPC propuesto por el Ministerio, sino también a la deducción del 5% de la UPC bajo el concepto de equipos extramurales, por no tener un soporte ni justificación técnica. González señala que la conjunción de estas dos decisiones antitécnicas podría ocasionar una ‘falla sistémica’ en el sector de la salud para el año 2024, lo que, según la representante Juvinao, sería la prueba de que el gobierno está fabricando una crisis explícita inducida.

En cuanto a los presupuestos máximos, la congresista cuestionó una escandalosa desfinanciación pues, aun cuando la ANIF proyectó una necesidad de 4.6 billones de pesos para 2024, MinSalud solamente asignó recursos por un valor de 315 mil millones, lo que se constituye en la cifra más baja en años recientes. Además, la decisión va en contravía del auto 2881 del 2023 de la Corte Constitucional, en el que se reconocieron fallas en la metodología de cálculo de presupuestos máximos y las deudas del gobierno con el sistema de salud, exhortando a su pago inmediato.

“Nadie está cuestionando al gobierno por hacer inversiones en equipos extramurales en los territorios, pero es sumamente delicado que esos dineros (4 billones) se extraigan de la UPC, que hoy por hoy cubre las atenciones en salud del sistema. Lo correcto es que el gobierno apropie nuevos recursos para este fin, pues no podemos arriesgar la vida de pacientes que en este momento dependen de esas atenciones, bajo el argumento de implementar la atención primaria. Todos estamos de acuerdo con la atención primaria, pero es claro que estas acciones deben ejecutarse con recursos adicionales”.

Juvinao también cuestionó que, en los años 2023 y 2024, el Gobierno ha destinado más de 5 billones de pesos a un rubro de funcionamiento del Ministerio de Salud llamado ‘Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud, Ley 100 de 1993’, dado que estos recursos se están girando a los territorios y las ESE’s sin estudios adecuados, sin cumplir con el principio de publicidad, sin claridad de a qué deben destinarse ni cómo se hará su seguimiento.
Por este motivo, la Procuraduría alertó que no hay claridad sobre 1.2 billones de pesos que se giraron de esta manera en segundo semestre de 2023.

La representante insistió en que hay una intención deliberada de desfinanciar el sistema pues, mientras en 2023 el gasto en salud fue del 8,2% (del total del presupuesto general de la nación), para 2024 es del 7%. Esta disminución es inexplicable si se tiene en cuenta que el presupuesto aprobado por el Congreso para este año es el más alto de la historia, con 502 billones de pesos.

Finalmente, la representante por el Partido Verde puntualizó que la mayoría de los objetivos de la reforma se pueden implementar sin reforma, tal como la Atención Primaria en Salud y los equipos básicos y extramurales (Ley 1438 de 2011), el fortalecimiento de la infraestructura pública hospitalaria, el giro directo, la mejora de las condiciones del Talento Humano en Salud y la formación de más especialistas. En cambio, lamentó que lo que sí requiere reforma, que es el modelo de salud rural, no tiene ninguna medida concreta en el proyecto del gobierno.

La representante invitó al ministro y al gobierno del presidente Gustavo Petro a abandonar la narrativa según la cual los cuestionamientos a la reforma provienen de la ‘extrema derecha’, e instó a abrir nuevamente un diálogo plural que permita ajustar el proyecto junto a todos los actores del sistema, con base en la evidencia y teniendo en el centro del debate al paciente/ciudadano.