La decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar con la convocatoria a una consulta popular ha generado un intenso debate en el escenario político colombiano. El Gobierno logró que todos los ministros firmaran el decreto, cumpliendo así con uno de los requisitos legales para poner en marcha este mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de la oposición y diversos sectores sociales.

Uno de los puntos más polémicos es la forma en que el Ejecutivo ha impulsado la consulta, a pesar de que el Senado había negado su aval. Expertos en derecho constitucional advierten que la ley exige no solo la firma de todos los ministros, sino también un concepto favorable del Congreso, lo que en este caso no se cumplió. Por ello, varios congresistas han anunciado que presentarán demandas ante el Consejo de Estado y buscarán suspender el decreto por la vía judicial.

A pesar de las críticas y el contexto de inseguridad tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro planea firmar el decreto de manera simbólica en Cali, durante una manifestación convocada por la Casa de Nariño. El Gobierno ha defendido la consulta como un mecanismo legítimo para reactivar la reforma laboral y dar voz a la ciudadanía sobre temas clave para el futuro del país. La fecha propuesta para la votación sería el 7 de agosto, coincidiendo con una fecha histórica para Colombia.

Mientras tanto, la oposición sostiene que este “decretazo” representa una amenaza para la institucionalidad y el equilibrio de poderes. El desenlace de este proceso será clave para el rumbo político de Colombia en los próximos meses, y la sociedad permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos y a la respuesta de la justicia frente a las demandas presentadas.